La audiencia, titulada “Derechos Humanos en Venezuela: situación y oportunidades”, se realizó en el Capitolio bajo la dirección de los congresistas James McGovern y Chris Smith. El encuentro tuvo como objetivo escuchar testimonios sobre las violaciones de derechos humanos, las necesidades humanitarias y las condiciones necesarias para reconstruir las instituciones democráticas del país.

Entre los participantes estuvieron Martha Tineo, de Justicia, Encuentro y Perdón; Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz; Laura Cristina Dib, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; Isabel Carlota Roby, del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, y Andrés Martínez-Fernández, de la Fundación Heritage.

Los comparecientes coincidieron en que los terremotos del 24 de junio agravaron una crisis que ya existía. Beatriz Borges sostuvo que el desastre natural no creó los problemas de Venezuela, sino que dejó al descubierto el debilitamiento de las instituciones, la falta de transparencia y el progresivo cierre de los espacios para la sociedad civil.

Organizaciones comunitarias, periodistas independientes, universidades, grupos religiosos, voluntarios y miembros de la diáspora desempeñaron un papel fundamental en la atención a los afectados. Borges pidió que la ayuda internacional sea canalizada mediante actores locales confiables para evitar desvíos y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades necesitadas.

Martha Tineo informó que su organización ha documentado la salida de prisión de 795 personas detenidas por razones políticas durante 2026. Sin embargo, explicó que solamente una minoría habría obtenido una libertad plena, mientras muchas continúan bajo medidas condicionadas o procesos judiciales cuestionados.

La activista aseguró que al menos 518 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Entre sus principales peticiones al Congreso estuvieron la liberación completa de todos los detenidos, la eliminación de las leyes que restringen el espacio cívico y el desmontaje de los aparatos estatales utilizados para perseguir a opositores y defensores de derechos humanos.

Laura Cristina Dib advirtió que la salida de Nicolás Maduro del poder no produjo automáticamente una transición democrática. Según su testimonio, los tribunales, las autoridades electorales y otras instituciones continúan bajo el control de la misma estructura política, mientras permanecen vigentes las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia.

La representante de WOLA también recordó que Venezuela ya atravesaba una prolongada emergencia humanitaria antes de los terremotos. Hospitales saturados, apagones crónicos, censura y persecución contra organizaciones no gubernamentales debilitaron la capacidad del país para responder adecuadamente al desastre.

Durante la audiencia también surgieron diferencias sobre la política estadounidense. El congresista James McGovern cuestionó la operación militar mediante la cual Estados Unidos capturó a Maduro y reclamó que Washington presente una hoja de ruta transparente, con objetivos verificables, restauración del orden constitucional y garantías para que el futuro sea decidido por los venezolanos.

El mensaje central fue que la recuperación de Venezuela no puede limitarse a reconstruir carreteras, hospitales y viviendas. También será necesario restaurar la independencia judicial, proteger la libertad de expresión, garantizar elecciones legítimas y colocar a las víctimas de la represión en el centro de cualquier proceso de justicia y reconciliación.

La audiencia no produjo decisiones inmediatas, pero permitió que las voces de quienes documentan la realidad venezolana fueran escuchadas directamente dentro del Capitolio. Para las organizaciones presentes, mantener el tema en la agenda de Washington puede ayudar a garantizar que la asistencia internacional no sustituya la necesidad de una transformación democrática profunda.

Venezuela continúa enfrentando la reconstrucción posterior a los terremotos mientras el Gobierno interino y sectores de la oposición se preparan para nuevas negociaciones políticas. El desafío será impedir que la emergencia humanitaria sea utilizada para postergar indefinidamente la libertad, la justicia y el derecho de los venezolanos a elegir su propio futuro.

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