La oferta, reportada por Diario de Cuba este 6 de mayo, presenta una “balita” de diez kilogramos a 29 dólares, condicionada a la entrega de un cilindro vacío en buen estado.

La venta no es simplemente una novedad comercial. En una ciudad donde cocinar depende cada vez más de la suerte, la electricidad disponible o la ayuda del exterior, el gas licuado pasa a convertirse en una frontera social: de un lado, quienes tienen divisas o familiares que paguen desde fuera; del otro, quienes viven del salario nacional y siguen atrapados en colas, apagones y promesas.

Según el reporte, el producto se comercializa a través de Supermarket23, una plataforma digital enfocada en compras desde el extranjero para destinatarios en Cuba. La noticia aparece en medio de severas restricciones en la distribución estatal del gas doméstico y en un contexto de crisis energética que ha dejado a miles de hogares sin combustible regular para cocinar.

Desde una visión republicana, el problema no está en que exista comercio privado ni en que una empresa venda un producto. El problema está en que el Estado controla durante décadas los recursos básicos, fracasa en garantizar el servicio y luego permite que el acceso real se desplace hacia el dólar, dejando al ciudadano común como rehén de un sistema que no le reconoce ni libertad plena de mercado ni protección efectiva.

La Habana conoce bien esa desigualdad cotidiana. Quien recibe remesas puede resolver antes; quien no las recibe, espera. Quien tiene un familiar fuera puede comprar online; quien cobra en pesos debe calcular si cocina, se transporta o compra comida. Esa no es una economía sana: es una estructura de privilegios administrados sobre la escasez.

14ymedio también reportó que la venta online del GLP marca un giro en Cuba, porque ofrece cilindros fuera del sistema racionado y en dólares, mientras persisten las colas y la escasez. El medio señala que, en La Habana, menos de la mitad de la población tiene gas manufacturado “de la calle”, por lo que el resto depende de electricidad, gas licuado u otras alternativas para preparar alimentos.

La medida llega en un momento especialmente sensible. Con apagones frecuentes, cocinar con electricidad se vuelve incierto; con el gas racionado escaso, la espera se multiplica; con carbón o leña, la vida urbana retrocede a soluciones de emergencia. En ese contexto, vender gas en dólares no parece una solución nacional, sino una válvula para quienes pueden pagar fuera del circuito normal.

El reporte de Diario de Cuba recoge reacciones de ciudadanos que denuncian el contraste entre precios en divisas y salarios en moneda nacional. Una frase resumió el malestar: “Capitalismo con salario socialista”. Esa expresión, más que una consigna, describe la contradicción central: precios de mercado para bolsillos empobrecidos por un sistema que bloquea la prosperidad individual.

La pregunta de fondo es política y moral: ¿puede un gobierno exigir sacrificios permanentes mientras abre canales dolarizados para bienes esenciales? Una república funcional se construye sobre ciudadanos con derechos, no sobre súbditos que dependen de autorizaciones, remesas o favores para resolver lo básico.

En La Habana, la cola por una balita de gas no es una escena menor. Es una radiografía del país. Allí se mezclan madres, ancianos, trabajadores estatales, jubilados y familias enteras que no discuten teorías económicas, sino cómo poner una comida caliente en la mesa.

La dolarización parcial de bienes esenciales profundiza una fractura que ya se siente en cada barrio: no todos los cubanos viven la misma crisis. Para unos, la escasez se esquiva con una tarjeta extranjera; para otros, se padece en silencio bajo el sol, con un cilindro vacío en la mano.

La noticia deja una conclusión dura: en la capital cubana, el gas licuado ya no es solo combustible doméstico. Es un símbolo de la desigualdad creada por un modelo que restringe la libertad económica, castiga el salario, depende del exilio y convierte necesidades básicas en privilegios de divisa.