La administración pinareña justificó la decisión como una respuesta a los precios que considera “abusivos y especulativos” y anunció un reforzamiento de las inspecciones en los establecimientos. Un detalle importante es que el anuncio difundido hasta ahora no precisa la presentación o cantidad de aceite a la que corresponden exactamente los valores de 2.150 y 1.950 pesos.

Las consecuencias para quienes incumplan pueden ser severas. Las autoridades anunciaron multas, decomiso de mercancías, venta forzosa de productos al precio establecido, suspensión temporal de licencias y permisos, cancelación definitiva de autorizaciones e incluso la clausura total o parcial de establecimientos.

La decisión resulta especialmente contradictoria con lo ocurrido apenas unas semanas atrás. El 20 de junio, el Ministerio de Finanzas y Precios publicó la Resolución 150/2026, que dejó sin efecto los precios minoristas máximos nacionales para aceites comestibles —excepto el de oliva—, pollo troceado, leche en polvo, pastas, salchichas y detergente en polvo. El propio Ministerio explicó entonces que buscaba permitir precios más flexibles ante los elevados costos de importación.

Dos días antes, Díaz-Canel había reconocido oficialmente el fracaso de los controles. Admitió que los topes no habían conseguido frenar la inflación y que, en numerosas ocasiones, habían provocado desaparición de mercancías, desvíos hacia la ilegalidad, menor recaudación tributaria y precios más elevados. Su conclusión fue clara: “no vamos a seguir topando precios de manera general”.

Pero menos de dos meses después, los gobiernos territoriales vuelven precisamente a la fórmula que La Habana acababa de cuestionar. Pinar del Río se suma a medidas adoptadas en lugares como Villa Clara, Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde también se han limitado los precios del aceite y otros alimentos esenciales.

El problema económico permanece intacto: imponer cuánto puede cobrar un vendedor no reduce automáticamente lo que pagó por importar o adquirir la mercancía. Si el precio máximo queda por debajo de los costos, los comerciantes pueden dejar de vender, reducir la oferta o trasladar el producto hacia canales informales, precisamente algunos de los efectos que el propio Gobierno reconoció en junio.

La situación también vuelve a colocar a las mipymes y trabajadores privados ante una enorme incertidumbre. Mientras el Gobierno anuncia reformas para atraer inversión y otorgar mayor participación al sector privado, las administraciones locales conservan amplias facultades para intervenir precios, imponer ventas forzosas o cerrar establecimientos cuando consideran que existe una violación.

Mientras las autoridades cambian de fórmula entre liberalizar y volver a controlar, el cubano común continúa enfrentando el mismo problema: conseguir una botella de aceite puede representar una parte enorme de sus ingresos. El verdadero desafío sigue sin resolverse: aumentar la oferta y el poder adquisitivo en una economía donde un producto indispensable para cocinar se ha convertido en un lujo para muchas familias.

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