La presencia de los contenedores en instalaciones vinculadas con CUPET ha generado interrogantes sobre el destino real del producto. Sin embargo, esa operación no demuestra por sí sola que el combustible haya sido entregado al Estado, pues el procedimiento autorizado contempla la participación logística de entidades estatales cubanas.

Estados Unidos comenzó a permitir durante 2026 exportaciones de combustible destinadas exclusivamente a mipymes, negocios privados y determinadas organizaciones humanitarias y religiosas de Cuba.

De acuerdo con documentos y registros marítimos examinados por Reuters, durante los primeros meses del año llegaron a la isla alrededor de 30.000 barriles, equivalentes a 4,8 millones de litros. La mayor parte era diésel transportado en unos 200 isotanques.

Las autorizaciones estadounidenses excluyen al Gobierno, las Fuerzas Armadas y las empresas estatales sancionadas. También prohíben la reventa comercial o el desvío del combustible hacia beneficiarios no autorizados.

No obstante, las mipymes cubanas no controlan completamente el proceso dentro de la isla. Las compras deben tramitarse mediante importadoras estatales como Quimimport o Maprinter, mientras CUPET participa en la nacionalización, almacenamiento y entrega del producto.

Una empresa privada puede almacenar el combustible en instalaciones propias certificadas o depositarlo en una estación designada. En esta segunda modalidad, CUPET conserva físicamente el producto hasta que la mipyme autorizada abastece sus vehículos o equipos.

Además, la compañía estadounidense Vanguard Energy negoció el arrendamiento de instalaciones de CUPET para almacenar cargamentos mayores. El acuerdo estipulaba que la firma estadounidense mantendría la propiedad y el control del combustible, aunque este permaneciera dentro de depósitos estatales cubanos.

Por tanto, observar isotanques estadounidenses dentro de una instalación de CUPET no confirma necesariamente una apropiación estatal. Para demostrar un desvío sería necesario identificar al importador, revisar la documentación del cargamento y establecer quién retiró o consumió finalmente el combustible.

Las imágenes tampoco permiten confirmar por sí solas el país de origen, el contenido exacto de los contenedores o la empresa destinataria. Hasta ahora no se ha publicado el manifiesto de carga ni una declaración de CUPET, ETECSA o las mipymes presuntamente involucradas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha advertido que las licencias serían canceladas si se descubre que empresas privadas transfieren combustible al Gobierno o a compañías controladas por las Fuerzas Armadas.

La falta de transparencia alimenta las sospechas mientras millones de cubanos soportan apagones prolongados, dificultades para transportarse y extensas filas en las gasolineras. Para la población, la pregunta fundamental continúa siendo quién recibe el combustible importado y bajo qué criterios se distribuye.

La operación observada merece una investigación y una explicación pública, pero todavía no existe evidencia concluyente de que el cargamento destinado al sector privado haya terminado en manos del Estado. La trazabilidad de cada is o tanque será esencial para determinar si se respetaron las condiciones de la licencia estadounidense.

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