¿por qué el Gobierno cubano no acepta reformas políticas que podrían abrir el camino hacia el fin de esas restricciones? La crisis actual está agravada tanto por la presión estadounidense como por el deterioro estructural de la economía y del sistema eléctrico cubano.

Contrario a una simplificación frecuente, la legislación estadounidense no establece únicamente tres condiciones. La Ley Helms-Burton contempla, entre otros requisitos para reconocer un gobierno de transición, legalizar la actividad política, liberar a los presos políticos, permitir investigaciones internacionales en las cárceles, respetar derechos humanos y avanzar hacia elecciones libres. Para considerar posteriormente a un gobierno democráticamente electo exige elecciones libres y justas con observadores internacionales.

Eso significa que elecciones competitivas, pluralismo político y liberación de presos sí forman parte esencial del camino previsto por la ley estadounidense para una reducción y eventual terminación del embargo, aunque el proceso jurídico es más complejo que simplemente cumplir tres requisitos. La política estadounidense vigente también mantiene la idea de reducir sanciones de manera gradual ante avances democráticos verificables.

La pregunta política, sin embargo, permanece: si el Partido Comunista asegura contar con el respaldo de la mayoría de los cubanos, ¿por qué no permitir elecciones verdaderamente competitivas con partidos opositores y observadores internacionales? Un proceso electoral abierto permitiría comprobar en las urnas si esa legitimidad proclamada por las autoridades existe realmente.

La Constitución cubana mantiene al Partido Comunista como fuerza política dominante y el sistema no permite una competencia nacional entre partidos por el poder. Organizaciones internacionales siguen documentando restricciones a la oposición política y a libertades fundamentales, mientras Estados Unidos condiciona cualquier normalización profunda precisamente a cambios en esas áreas.

También existe otra realidad que no puede ignorarse: las sanciones estadounidenses sí tienen consecuencias económicas reales. La ofensiva energética de la Administración Trump redujo drásticamente el acceso cubano a petróleo extranjero y ha agravado apagones, transporte, producción de alimentos y disponibilidad de bienes esenciales. Expertos de Naciones Unidas han advertido incluso sobre el impacto humanitario de esas medidas.

Pero reconocer ese impacto tampoco obliga a aceptar la explicación oficial de que todos los problemas comenzaron en Washington. Cuba arrastraba desde mucho antes centrales eléctricas envejecidas, baja productividad, centralización extrema, escasez crónica y una economía incapaz de generar suficientes divisas. Reuters ha documentado tanto el efecto de las sanciones como problemas internos de gestión y décadas de dificultades económicas.

Ahí aparece la gran paradoja. El Gobierno exige el levantamiento de las sanciones para mejorar la vida de la población, pero rechaza condiciones políticas que implicarían compartir o arriesgar el monopolio del poder. Si unas elecciones libres confirmaran el respaldo popular que las autoridades dicen poseer, aceptar esa competencia no debería representar una amenaza existencial.

Mientras tanto, el costo lo paga el ciudadano común. La desigualdad se hace cada vez más visible entre quienes pueden conseguir combustible, alimentos y equipos mediante divisas y quienes dependen de salarios o pensiones estatales. Incluso la reciente entrada de combustible estadounidense para empresas privadas está creando un mercado inaccesible para muchos cubanos por sus elevados precios.

La discusión sobre el llamado “bloqueo” no necesita negar que las sanciones dañan la economía cubana. La cuestión más profunda es otra: si existe un camino político que podría abrir la puerta a su eliminación, ¿qué está dispuesto a cambiar el Gobierno para recorrerlo? Después de casi siete décadas de poder de un mismo sistema, colocar el bienestar de la población por encima del monopolio político sería quizás la prueba más contundente de la soberanía que La Habana afirma defender.

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