La defensa de la soberanía nacional es un principio legítimo para cualquier país. Ningún Estado debería aceptar amenazas militares como forma de negociación política. En ese punto, La Habana encuentra un argumento fuerte: la fuerza externa no puede convertirse en método normal para decidir el destino de una nación.
Pero la soberanía no puede ser usada como escudo para cerrar toda discusión interna. El mismo Gobierno que denuncia presiones extranjeras se niega también a negociar reformas políticas o económicas, argumentando que el orden interno de Cuba no forma parte de conversaciones con Estados Unidos.
El problema es que Cuba no solo tiene un conflicto con Washington; tiene un conflicto profundo con su propia sociedad. El hambre, los apagones, la represión, el éxodo y la falta de oportunidades no fueron inventados por una declaración de Trump. Son heridas reales que no desaparecen porque el enemigo externo suba el tono.
La Habana intenta convertir toda presión en una prueba de resistencia nacional. Esa estrategia le ha servido durante décadas para cerrar filas, pero hoy parece menos efectiva. Cuando una familia no puede alimentar a sus hijos, la consigna antiimperialista puede explicar una parte del problema, pero no absuelve al Gobierno de su responsabilidad administrativa, económica y política.
La amenaza externa debe ser rechazada, pero también debe rechazarse el chantaje interno que presenta cualquier exigencia de cambio como traición. Cuba necesita soberanía frente a Washington y libertad frente al Partido Comunista. Una cosa no debe anular la otra.
