La denuncia comenzó a circular en redes sociales acompañada por el testimonio de Leyva Torres, quien decidió hacer público el caso ante el temor de que la presunta relación del acusado con las autoridades impida una investigación imparcial.

La madre sostiene que el menor fue víctima de una agresión injustificable por parte de un hombre adulto. Por razones de protección, no debe difundirse públicamente el nombre completo, la dirección, la escuela ni otras informaciones que permitan identificar al niño.

Leyva Torres pide que el incidente sea investigado y que el presunto responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes. También reclama garantías para impedir posibles represalias contra ella o su familia por haber divulgado la acusación.

La supuesta condición del señalado como colaborador policial ha aumentado la preocupación entre quienes conocen el caso. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de ese vínculo ni se ha publicado documentación que precise las funciones que desempeñaría para la Policía.

Tampoco se conoce públicamente si el menor fue examinado por un médico, si existe un certificado de lesiones o si la familia presentó una denuncia formal ante la Policía, la Fiscalía o las autoridades encargadas de la protección infantil.

La madre reclama que las instituciones cubanas actúen con la misma severidad independientemente de las relaciones políticas o policiales del acusado. Una eventual colaboración con los órganos del Estado no puede otorgar inmunidad frente a una denuncia por violencia contra un niño.

El caso demanda la preservación inmediata de cualquier evidencia disponible, incluidos testimonios, fotografías de lesiones, grabaciones, informes médicos y posibles cámaras de seguridad. Estos elementos serían fundamentales para establecer qué ocurrió y determinar responsabilidades.

La falta de mecanismos independientes para investigar denuncias relacionadas con personas cercanas a las autoridades provoca desconfianza entre muchas familias cubanas. En este caso, la madre teme que la acusación sea ignorada o minimizada debido a la supuesta relación del señalado con la Policía.

Hasta este 19 de agosto no se ha localizado una declaración pública de la Policía Nacional, la Fiscalía o las autoridades de Majibacoa sobre lo sucedido. Por ello, la agresión y el vínculo policial del hombre señalado deben presentarse como denuncias de la madre pendientes de confirmación oficial e investigación independiente.

Yunisleydis Leyva Torres insiste en que su reclamo no busca privilegios, sino protección y justicia para su hijo. El principio fundamental debe ser garantizar la seguridad física y emocional del menor, esclarecer los hechos y evitar que cualquier persona utilice sus conexiones para evadir la ley.

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