Según explica el emprendedor en la grabación, compró el producto calculando sus costos y el precio necesario para recuperar la inversión y obtener una ganancia. Sin embargo, asegura que apenas tres días después las nuevas disposiciones sobre precios cambiaron las reglas del juego y lo colocaron en pérdidas de decenas de pesos por cada libra que pretendía vender. Las cifras concretas mostradas en el video corresponden a su testimonio y no han podido ser verificadas independientemente.

El caso coincide con un nuevo endurecimiento de los controles sobre los negocios privados. En La Habana, inspectores han aplicado multas, ordenado ventas forzosas y advertido que establecimientos considerados infractores pueden ser cerrados temporalmente hasta por tres meses. Entre los productos sometidos a inspección aparecen precisamente el pollo, el aceite, las salchichas y el picadillo.

La contradicción resulta todavía mayor porque semanas antes el Ministerio de Finanzas y Precios había eliminado determinados topes nacionales después de que el propio Gobierno reconociera que esos mecanismos no habían logrado contener la inflación y habían provocado escasez y desplazamiento de mercancías hacia el mercado informal. Ahora varias administraciones territoriales están recuperando prácticamente las mismas herramientas.

Matanzas, por ejemplo, volvió a establecer precios máximos para numerosos productos básicos. El picadillo quedó fijado allí en hasta 300 pesos por kilogramo para determinadas ventas mayoristas y 350 para las minoristas, junto con límites para aceite, pollo, arroz, frijoles, leche en polvo y otros alimentos. Villa Clara y Guantánamo también han avanzado con controles similares.

El problema para cualquier comerciante es elemental: si compra mercancía a un precio determinado y posteriormente el Estado le ordena venderla por debajo del nivel necesario para cubrir importación, transporte, impuestos, salarios y otros gastos, las opciones se reducen a perder dinero, dejar de vender o cerrar. Controlar administrativamente el precio final no reduce automáticamente el costo al que el empresario adquirió el producto.

La situación representa una primera sorpresa para quienes interpretaron las 176 reformas anunciadas por La Habana como el comienzo de una verdadera economía de mercado. El paquete contempla mayor presencia privada, inversión extranjera, bancos privados y más autonomía empresarial, pero el propio Gobierno insiste en que las transformaciones se realizarán sin abandonar el control político del sistema socialista.

Economistas y empresarios consultados por El País han advertido precisamente sobre ese riesgo: las nuevas oportunidades económicas continúan dependiendo de permisos y decisiones administrativas que pueden ser modificadas o reinterpretadas por el Estado. Algunos especialistas señalan que, sin independencia judicial y seguridad jurídica, cualquier inversión puede quedar expuesta a cambios repentinos en las reglas.

Por eso la advertencia del emprendedor resulta tan contundente. Después de mostrar lo que asegura haber pagado y las pérdidas que tendría que asumir, recomienda directamente no invertir en Cuba bajo estas condiciones. Su frustración resume el temor de muchos pequeños empresarios: trabajar, arriesgar capital y asumir todos los costos, mientras el Gobierno conserva el poder de decidir después cuánto pueden cobrar.

Para los que se creyeron el cuento de que ahora sí era seguro invertir en Cuba, esta puede ser solamente la primera sorpresa de muchas. Una verdadera apertura no consiste únicamente en permitir que alguien abra un negocio cuando el Estado necesita productos y divisas; también exige reglas estables, propiedad protegida y garantías de que mañana no cambiarán las condiciones después de que el empresario ya puso su dinero sobre la mesa.

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