La audiencia no declaró formalmente a Cuba un “caballo de Troya”, tampoco aprobó sanciones ni determinó que las organizaciones mencionadas sean agentes extranjeros. Sin embargo, colocó las presuntas redes de influencia cubanas dentro de un debate sobre seguridad nacional, financiamiento y transparencia.

La audiencia, titulada “Caballos de Troya: operaciones encubiertas de influencia extranjera maligna en Estados Unidos”, fue celebrada el 15 de septiembre por el Subcomité de Asia Meridional y Central de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El republicano Bill Huizenga, presidente del panel, acusó a gobiernos adversarios de tratar de moldear el pensamiento de los estadounidenses mediante propaganda, censura, desinformación y organizaciones que presentan sus mensajes como iniciativas domésticas.

La convocatoria oficial incluyó a cuatro testigos: Mike Gonzalez, de Heritage Foundation; Matthew Johnson, de Jamestown Foundation; Sam Lyman, del Bitcoin Policy Institute, y Donald K. Sherman, de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara

Gonzalez concentró parte de su intervención en Cuba y en las relaciones que La Habana ha mantenido durante décadas con organizaciones, movimientos políticos y activistas estadounidenses.

Johnson abordó las estrategias atribuidas al Partido Comunista Chino para conseguir que instituciones y ciudadanos estadounidenses reproduzcan mensajes favorables a Pekín sin que estos parezcan proceder directamente del Gobierno chino.

La audiencia también examinó la red de organizaciones financiada por Neville Roy Singham, empresario estadounidense radicado en Shanghái y señalado por legisladores republicanos como patrocinador de grupos que promueven posiciones favorables a China y otros gobiernos adversarios.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando integrantes de CodePink, incluida su cofundadora Medea Benjamin, aparecieron con camisetas de apoyo a Irán y al Partido Comunista de Cuba. Los activistas fueron escoltados fuera de la sala por la Policía del Capitolio.

Huizenga y otros participantes utilizaron la escena como ejemplo de la manera en que determinadas organizaciones convierten actos políticos en contenido para redes sociales y amplifican mensajes coincidentes con los intereses de gobiernos extranjeros.

CodePink rechaza esas acusaciones. Benjamin se define como activista contra la guerra y asegura que ningún Gobierno extranjero dirige sus acciones. La organización también sostiene que no recibe dinero de China ni de partidos o gobiernos extranjeros. Declaración de CodePink

El debate retomó un informe de aproximadamente 100 páginas publicado en julio por el Departamento de Estado, en el cual Washington acusa al Gobierno cubano de desarrollar durante casi siete décadas actividades de espionaje, propaganda e influencia ideológica dentro de Estados Unidos. Informe del Departamento de Estado

El Gobierno cubano ha rechazado esas acusaciones. El canciller Bruno Rodríguez las calificó como una nueva falsedad utilizada para justificar la política de presión y las sanciones estadounidenses contra la Isla.

Algunos casos históricos de espionaje cubano están ampliamente documentados, entre ellos los de Ana Belén Montes y el exdiplomático Manuel Rocha. Sin embargo, otras afirmaciones que vinculan a movimientos estadounidenses contemporáneos con órdenes directas de La Habana continúan siendo discutidas y requieren pruebas específicas.

La audiencia tampoco dispuso que los activistas o las organizaciones mencionadas deban inscribirse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. Esa obligación no surge simplemente por visitar Cuba, defender el levantamiento de las sanciones o compartir posiciones del Partido Comunista.

Para exigir el registro como agente extranjero, las autoridades deben demostrar que una persona u organización actúa bajo la dirección, solicitud o control de una entidad extranjera y realiza determinadas actividades políticas o de representación dentro de Estados Unidos.

El encuentro estableció así un marco para futuras investigaciones legislativas, posibles citaciones, revisiones de fondos y propuestas de mayor transparencia, pero no produjo por sí mismo nuevas sanciones ni conclusiones judiciales.

La cuestión que queda abierta es si el Congreso encontrará pruebas suficientes para demostrar coordinación directa entre La Habana y determinados grupos estadounidenses o si la controversia permanecerá en el terreno de la confrontación ideológica y política.

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