Monreal sostiene que el documento gubernamental no constituye una reforma económica integral, sino una liberalización parcial subordinada al poder político. Las medidas amplían determinados espacios para la empresa privada, pero mantienen la capacidad del Estado para intervenir, revocar autorizaciones y modificar las reglas.

El especialista considera especialmente preocupante la ausencia de un eje claramente dedicado a la estabilización macroeconómica. Según su análisis, cualquier apertura debería comenzar por controlar el déficit presupuestario, frenar la emisión monetaria y establecer una referencia cambiaria creíble.

Para Monreal, esa omisión no necesariamente representa un error técnico. Podría tratarse de una decisión deliberada para evitar que el Gobierno reconozca públicamente la verdadera magnitud de los desequilibrios acumulados y el fracaso de políticas anteriores.

La estrategia oficial intenta liberalizar precios y ampliar la actividad privada mientras continúan la inflación, la depreciación del peso y la escasez de divisas. Esto provoca que los precios reaccionen rápidamente, sin que exista una producción nacional suficiente para responder al crecimiento de la demanda.

Uno de los ejemplos más visibles es el precio del aceite. Tras la eliminación de los precios máximos para varios productos, una botella que anteriormente podía encontrarse por aproximadamente 1.500 pesos llegó a superar los 4.000 en diferentes mercados de la Isla.

Ante las críticas de la población, las autoridades de varias provincias comenzaron a exigir reducciones de precios y desplegaron operativos de inspección contra negocios privados. Algunas administraciones locales volvieron a establecer referencias o límites comerciales, pese a que el Gobierno central había reconocido anteriormente que los topes generaban escasez.

El resultado, según el economista, es un modelo atrapado entre dos sistemas: no existe un mercado verdaderamente libre, pero tampoco funciona el antiguo esquema de planificación y precios administrados. Los emprendedores operan bajo una constante incertidumbre acerca de qué decisiones serán aceptadas o sancionadas.

La falta de reglas claras también afecta la inversión. Monreal ha señalado que el documento oficial no reconoce de manera sustantiva la propiedad privada como un derecho protegido, sino como una concesión que depende de las decisiones del Estado.

Entre las alternativas propuestas por el especialista figura la adopción de un ancla monetaria creíble, acompañada por una reducción del déficit fiscal y medidas destinadas a recuperar la confianza en el peso cubano. Sin esas condiciones, cualquier liberalización podría alimentar todavía más la inflación.

El Gobierno presentó las 176 medidas como una transformación económica y social de amplio alcance. No obstante, muchas todavía necesitan nuevas leyes, decretos o modificaciones jurídicas para poder aplicarse, mientras otras carecen de un calendario público de implementación.

Monreal no descarta que las autoridades tengan que introducir nuevas disposiciones para corregir los desequilibrios provocados por esta apertura incompleta. Su advertencia central es que cambiar reglas aisladas sin estabilizar previamente la economía puede profundizar la crisis y trasladar sus costos a consumidores, trabajadores y pequeños negocios.