Entre los menores expulsados habría una niña con síndrome de Down. Después del operativo se desconoce dónde fueron trasladadas las familias y si las autoridades les ofrecieron un alojamiento alternativo.

El inmueble pertenece presuntamente a la Delegación Municipal de la Agricultura y se encuentra en la calle Máximo Gómez, cerca del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola.

Las mujeres habrían ocupado las oficinas con sus hijos ante la falta de una solución habitacional. La información disponible no precisa desde cuándo permanecían allí ni las condiciones en las que se encontraba el local.

Imágenes difundidas en las redes muestran la presencia de agentes y momentos de tensión durante la intervención. Testigos aseguran que los oficiales sacaron por la fuerza a las familias y retiraron sus pertenencias.

Los vecinos señalaron que entre los niños afectados se encuentra una menor con síndrome de Down, una condición que aumenta su vulnerabilidad y exige atención especial durante cualquier procedimiento de desalojo.

Hasta el momento no se han divulgado los nombres de las madres, el número total de menores ni sus edades. Tampoco se sabe si alguna persona resultó lesionada o fue detenida durante la operación.

La denuncia fue compartida por medios independientes como Árbol Invertido y posteriormente replicada por diferentes páginas informativas. No se ha localizado una explicación de la Policía, el Gobierno provincial o la Delegación de la Agricultura.

Aunque el inmueble sea propiedad del Estado y la ocupación no haya sido autorizada, la presencia de niños obliga a las instituciones a evitar que queden desamparados. Cualquier intervención debe proteger su integridad y coordinar una alternativa segura con los servicios sociales.

El caso vuelve a exponer la profunda crisis de vivienda existente en Cuba, donde numerosas familias habitan estructuras deterioradas, albergues temporales o locales abandonados mientras esperan durante años una respuesta institucional.

La escasez de materiales, los bajos salarios y el lento ritmo de construcción dificultan tanto la reparación de las viviendas como el acceso a nuevos inmuebles. Estas condiciones llevan a algunas personas sin techo a ocupar edificios estatales deshabitados.

El uso de la fuerza pública sin una solución habitacional solamente desplaza el problema de un lugar a otro. En este caso, las autoridades deben explicar si evaluaron previamente la situación de cada madre y las necesidades particulares de sus hijos.

También resulta necesario conocer si intervinieron trabajadores sociales, representantes de Salud Pública o funcionarios encargados de la protección de menores, especialmente por la presencia denunciada de una niña con síndrome de Down.

El paradero de las familias continúa siendo la mayor preocupación. Organizaciones y ciudadanos reclaman saber si se encuentran en un albergue, bajo custodia estatal, alojadas temporalmente con familiares o nuevamente en la calle.

Mientras no exista una versión oficial o testimonios directos más detallados, algunos elementos del incidente permanecen pendientes de confirmación. Sin embargo, las imágenes y denuncias disponibles exigen una investigación transparente sobre el procedimiento empleado y la protección brindada a los niños.

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