El documento presentado ante la Asamblea Nacional establece que los actores económicos deberán participar, como parte de su denominada “responsabilidad social a nivel comunitario”, aportando recursos financieros, materiales o servicios. El listado oficial incluye apoyar el pago a pensionados mediante convenios con bancos, respaldar comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de alimentación comunitaria, casas de abuelos, hogares maternos y centros para menores sin amparo parental.

Hay una precisión importante: lo publicado hasta ahora no significa que las mipymes tengan que sacar directamente de sus ganancias el importe completo de las pensiones. El Banco Central explicó que comercios estatales y privados podrán funcionar como agentes bancarios mediante “Caja Extra”: el banco acredita el dinero y el establecimiento entrega al jubilado el efectivo, recibiendo una comisión. En esa modalidad concreta, el comercio facilita el pago ante la falta de efectivo del sistema bancario.

Pero el plan gubernamental va más allá de entregar efectivo a jubilados. El texto oficial habla expresamente de participación de actores privados mediante recursos financieros, materiales y servicios, y contempla precios diferenciados, descuentos, gratuidades y “cupos solidarios” para personas vulnerables. Esto abre la puerta a que una parte de las obligaciones sociales que durante décadas el régimen presentó como responsabilidad exclusiva del Estado termine trasladándose progresivamente al sector empresarial.

La decisión resulta especialmente llamativa porque llega después de una campaña oficial para presentar a Cuba como una economía que finalmente estaría abriendo espacios al capital privado. En junio fueron aprobadas 176 transformaciones que amplían las posibilidades para mipymes, inversión extranjera, banca privada y nuevas formas de propiedad y gestión empresarial.

Y aquí aparece la primera advertencia para quienes se creyeron el cuento de que ahora sí sería sencillo invertir en Cuba. La misma estructura política que durante décadas limitó, prohibió y confiscó la iniciativa privada continúa conservando la capacidad de cambiar las reglas, imponer nuevas obligaciones y decidir qué actividades puede realizar cada empresario. Apenas el 4 de agosto entró además en vigor el Decreto 160, que vuelve a determinar desde el Estado qué sectores están permitidos, condicionados o prohibidos para los negocios privados.

El problema para cualquier inversionista no es solamente cuánto puede ganar, sino qué seguridad jurídica tendrá mañana. Economistas y empresarios han advertido que una verdadera apertura necesita garantías sobre la propiedad, tribunales independientes, estabilidad normativa y reglas que no puedan modificarse unilateralmente según las necesidades financieras del Gobierno.

Mientras tanto, el propio Estado reconoce que ni siquiera su sistema bancario dispone del efectivo suficiente para que numerosos jubilados cobren normalmente sus pensiones. La situación ha obligado a personas mayores a realizar largas filas y ha llevado al Banco Central a recurrir precisamente a comercios privados para distribuir efectivo.

La contradicción es evidente: durante décadas el régimen restringió la acumulación privada y presentó al Estado socialista como garante absoluto de la protección social; ahora que sus estructuras financieras y asistenciales están desbordadas, busca involucrar a esas mismas empresas privadas en el mantenimiento de servicios que ya no consigue sostener eficazmente por sí solo.

Para quienes contemplan invertir capital en la Isla, esta puede ser apenas la primera sorpresa de muchas. Cuba puede cambiar decretos, permitir mipymes y hablar de inversión extranjera, pero mientras el Partido Comunista conserve el poder de alterar unilateralmente las condiciones económicas, cualquier apertura seguirá acompañada de una pregunta fundamental: si hoy te permiten invertir, ¿qué te exigirán mañana para conservar lo que construiste?

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