La publicación denuncia que los uniformados actúan como el “brazo represor” del sistema cubano y cuestiona quién investiga o sanciona a los agentes cuando emplean fuerza excesiva contra personas indefensas.

El video muestra escenas de violencia policial, pero la publicación actual no ofrece una fecha, ubicación o identificación precisa de las personas involucradas. Por ello, no puede afirmarse que corresponda a un operativo reciente.

Parte de las imágenes parece estar relacionada con grabaciones difundidas durante las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad, alimentos, medicamentos y cambios políticos.

En varios videos de aquellas jornadas se observó a policías, integrantes de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida y agentes vestidos de civil golpeando y deteniendo a manifestantes.

Testimonios recogidos entonces denunciaron que algunos uniformados utilizaron perros contra los ciudadanos. “Le tiraron perros y le dieron golpes”, relataron familiares de víctimas en reportes publicados después de las manifestaciones.

Human Rights Watch documentó más de 150 casos relacionados con el 11J y concluyó que existieron detenciones arbitrarias, golpizas, procesos penales abusivos y actos que en determinadas circunstancias podrían constituir tortura.

La organización encontró patrones destinados a impedir las manifestaciones, castigar a quienes participaron y generar temor para evitar nuevas movilizaciones contra el Gobierno.

Las denuncias no se limitan al 11J. Activistas, periodistas independientes, opositores y ciudadanos que protestan por apagones o falta de alimentos continúan reportando vigilancia, citaciones, amenazas y arrestos.

Durante el primer semestre de 2026, Cubalex registró 1.894 incidentes represivos contra 919 personas. La organización también contabilizó 766 protestas, con presencia de actos de inconformidad en numerosos municipios del país.

El Gobierno cubano niega que reprima a sus ciudadanos por expresar opiniones y presenta muchas detenciones como acciones contra delitos comunes, alteraciones del orden público o actos violentos.

Sin embargo, la falta de una prensa libre, tribunales verdaderamente independientes y organismos civiles capaces de investigar a la Policía impide verificar de manera transparente numerosas acusaciones de abuso.

La pregunta planteada por la publicación permanece vigente: ¿quién investiga a un agente cuando golpea a un detenido, amenaza con un perro o utiliza una fuerza desproporcionada?

En un Estado de derecho, cada actuación policial debería quedar identificada y sujeta a investigación. Las víctimas deberían poder denunciar sin sufrir represalias, acceder a un abogado y obtener una revisión independiente de las evidencias.

La responsabilidad debe ser individual. Los agentes que ejecuten órdenes ilegales, practiquen torturas o agredan deliberadamente a ciudadanos no pueden justificar sus acciones alegando obediencia a un superior.

Cuba ha permanecido bajo el mismo sistema político desde enero de 1959. Aunque Fidel Castro murió en 2016 y Raúl Castro dejó formalmente la presidencia en 2018, el Partido Comunista conserva el monopolio constitucional del poder.

Recordar estos videos no debe servir para promover venganzas contra todos los policías, sino para conservar las evidencias, identificar a quienes cometieron abusos y exigir que algún día respondan ante tribunales independientes con las debidas garantías.

Hasta que se confirme la procedencia exacta de las imágenes, deben presentarse como un testimonio histórico de la represión documentada en Cuba y no como prueba de un incidente ocurrido en una fecha o localidad determinada.

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