La campaña, denominada oficialmente “Visita integral a actores económicos”, moviliza a dirigentes del Partido Comunista, representantes de los gobiernos provincial y municipal, fiscales, contralores, inspectores, funcionarios bancarios y autoridades de Finanzas y Precios.

Aunque el Gobierno presenta el despliegue como un “intercambio directo” con los emprendedores, los equipos tienen la misión de examinar cómo los propietarios establecen sus precios, identificar supuestos márgenes especulativos y determinar posibles violaciones fiscales o comerciales.

Las inspecciones se concentran principalmente en establecimientos que venden alimentos de primera necesidad y artículos de higiene. Entre las exigencias figura disminuir los precios considerados excesivos por las autoridades, depositar los ingresos correspondientes en cuentas bancarias y aceptar transferencias o pagos en línea.

El nuevo operativo ocurre pocos días después de otra campaña de fiscalización que terminó con más de 200 multas y el cierre temporal de al menos cinco establecimientos en la ciudad de Sancti Spíritus.

Durante esa primera ofensiva, los inspectores reportaron negocios que no aceptaban pagos electrónicos o cobraban precios diferentes según el cliente utilizara efectivo o transferencia. También alegaron haber encontrado productos vencidos, problemas de calidad e información desactualizada para los consumidores.

Entre los establecimientos clausurados se encontraban dos comercios de la calle Máximo Gómez, un punto de venta cercano al Joven Club del Kilo 12, una panadería situada en la carretera a Zaza del Medio y otro negocio localizado en la esquina de Garaita y Céspedes.

Las autoridades reconocieron que algunos emprendedores han optado por cerrar sus establecimientos cuando conocen de la llegada de los inspectores. El Gobierno responsabilizó a los propietarios por privar a la población de servicios básicos y les exigió mantener abiertos los puntos de venta durante las inspecciones.

Sin embargo, comerciantes y ciudadanos señalan que las medidas no solucionan las causas reales de la inflación. Los negocios privados deben enfrentar el elevado costo de las importaciones, la devaluación del peso cubano, la escasez de combustible, los apagones y la necesidad de adquirir divisas en el mercado informal.

La obligación de aceptar pagos electrónicos también genera dificultades. Muchos proveedores exigen efectivo o divisas, mientras los bancos cubanos carecen frecuentemente de dinero disponible y las interrupciones eléctricas y de internet impiden realizar operaciones digitales con normalidad.

La ofensiva evidencia además las contradicciones de la política económica del régimen. Apenas dos meses antes, el Gobierno eliminó los precios máximos para varios alimentos mediante la Resolución 150 de 2026, después de reconocer que los topes provocaban escasez. Ahora, las autoridades vuelven a presionar a los comerciantes para que reduzcan sus precios.

Economistas independientes han advertido que los controles administrativos, las multas y los cierres pueden disminuir todavía más la oferta disponible. Ante el riesgo de sanciones, algunos propietarios podrían dejar de vender determinados productos o trasladarlos al mercado clandestino, donde los precios serían aún mayores.

El operativo de Sancti Spíritus forma parte de una ofensiva más amplia contra el sector privado desarrollada durante agosto en provincias como La Habana, Guantánamo, Villa Clara, Matanzas, Holguín y Artemisa. Mientras el régimen atribuye los elevados precios a los comerciantes, evita reconocer el impacto de sus propias políticas monetarias, productivas y fiscales sobre la crisis económica que golpea a la población.