El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, resolvió este martes 17 de noviembre que haber sido liberado de la detención migratoria con el formulario I-220A no equivale al "parole" humanitario que exige la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente. La decisión supone un duro revés para miles de cubanos que llegaron por la frontera sur y esperaban beneficiarse de esa vía.

Según detallaron Martí Noticias, Cubanet y 14ymedio, el caso es el de una familia cubana, formada por Yoan Aguiar Fernández, su esposa y su hija, que entró por Arizona en junio de 2021 y fue liberada con un I-220A. Las autoridades migratorias les negaron la residencia, el asilo y otras protecciones, y el tribunal confirmó esa decisión. Medios especializados citan el expediente como Aguiar-Fernandez contra el Fiscal General, y señalan que el panel estuvo integrado por los jueces Branch, Brasher y Hull, con Brasher como ponente.

El razonamiento central de los jueces es que la liberación bajo la sección 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad es jurídicamente distinta del parole humanitario previsto en la sección 212(d)(5)(A). Según Cubanet, para acogerse a la ley de 1966 un cubano que entró sin ser inspeccionado ni admitido debe haber recibido ese parole humanitario, que el Departamento de Seguridad Nacional puede conceder por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. En este caso, de acuerdo con la información publicada, el DHS había rechazado expresamente la solicitud de parole de la familia.

Por tratarse de una opinión publicada del Undécimo Circuito, el fallo sienta un precedente obligatorio en Florida, Georgia y Alabama, donde reside buena parte de la comunidad cubana. Cubanet añade que, con esta resolución, el tribunal aplicó a la Ley de Ajuste Cubano el mismo criterio que los circuitos Segundo, Tercero, Quinto y Noveno usan para el ajuste de estatus general. El análisis de Immigration Analytics indica que es la primera sentencia publicada de ese circuito sobre la cuestión.

El resultado contrasta con la decisión de febrero de 2026, en la que el mismo tribunal anuló decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración en otros casos y ordenó revisarlos, sin determinar entonces que el I-220A fuera un parole. Aquella resolución había despertado esperanzas entre los afectados, que ahora ven cerrada, al menos en este circuito, esa interpretación.

Los especialistas consultados por varios medios coinciden en los límites del fallo. No deroga la Ley de Ajuste Cubano, no ordena una deportación colectiva contra quienes tienen un I-220A y resuelve el caso concreto de esta familia, aunque fije el criterio jurídico aplicable. Telemundo informó de que la decisión podría afectar a cientos de miles de cubanos que dependen de ese documento, una cifra que varía según las fuentes.

La sentencia llega en un momento de fuerte presión migratoria sobre los cubanos con situación pendiente. Según CiberCuba, este mismo martes el Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice presentaron una queja ante tres organismos federales de supervisión por las condiciones en la oficina de ICE en Miramar, donde los cubanos con I-220A acuden a sus citas de control. Martí Noticias, por su parte, recogió que ICE registró en el año fiscal 2026 la mayor cifra de deportaciones y arrestos de su historia.

Quienes tienen un I-220A, advierten los abogados citados por los medios, deberían consultar su caso con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones, ya que el impacto puede variar según el historial de cada persona y el circuito donde se tramite.

Con información de Martí Noticias, Cubanet, 14ymedio, CiberCuba, Univision, Telemundo, Immigration Analytics y Cuba en Miami.