Aunque no se ha publicado el documento completo ni puede determinarse su alcance únicamente a partir de la diapositiva, la referencia explícita a un posible “estallido social” revela que el creciente malestar ciudadano forma parte de las preocupaciones discutidas por las estructuras gubernamentales cubanas.

Una toma difundida durante el programa estatal Revista Buenos Días mostró detrás de dos funcionarios una diapositiva que aparentemente no estaba destinada a ser observada con claridad por la audiencia. En ella se alcanza a leer: “Cumplimiento a la Directiva 2 del presidente del CDN y las acciones en el ámbito político, económico, social y comunicacional para evitar un estallido social”.

La imagen comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios la interpretaron como una revelación involuntaria de los planes del Gobierno para prevenir nuevas protestas populares. Medios independientes aseguran que el plano apareció durante la cobertura de las actividades gubernamentales realizadas en varios municipios de la capital.

La referencia al “presidente del CDN” parece aludir al Consejo de Defensa Nacional, mientras que la llamada “Directiva 2” estaría relacionada con las orientaciones utilizadas por los Consejos de Defensa. Sin embargo, al no haberse difundido públicamente el documento completo, todavía se desconoce su contenido, fecha de aprobación y medidas específicas.

Lo confirmado oficialmente es que los Consejos de Defensa municipales de La Habana se encuentran activados desde comienzos de mayo. El diario oficial Granma informó que Díaz-Canel sostuvo encuentros con esas estructuras en La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa para evaluar la electricidad, el abastecimiento de agua, la recogida de desechos y otros servicios básicos.

Las autoridades presentan estos recorridos como parte de la respuesta ante la “compleja situación” del país y responsabilizan principalmente a las sanciones estadounidenses y a las restricciones sobre los suministros de combustible. No obstante, la diapositiva muestra que las reuniones también incluyen una dimensión política y comunicacional dirigida a controlar las consecuencias del descontento.

La palabra “comunicacional” ha generado especial preocupación entre activistas y ciudadanos. Su inclusión podría implicar el desarrollo de campañas propagandísticas, vigilancia de las redes sociales o estrategias para responder a denuncias y llamados a protestar, aunque esas posibilidades no pueden darse por confirmadas sin conocer el documento íntegro.

La imagen aparece en medio de una crisis eléctrica sin precedentes. El Sistema Electroenergético Nacional sufrió el 14 de julio su tercer colapso general en apenas nueve días, dejando nuevamente a millones de cubanos sin electricidad y agravando las dificultades para conservar alimentos, bombear agua y mantener servicios esenciales.

Los apagones ya han provocado protestas en diferentes zonas de La Habana. Durante una de las recientes desconexiones nacionales, grupos de ciudadanos salieron a las calles, golpearon cazuelas, hicieron sonar las bocinas de sus vehículos y exigieron el restablecimiento de la corriente.

La profunda escasez, la inflación, la falta de combustible y el deterioro de los servicios públicos han elevado la tensión dentro de la isla. Las causas que provocaron las protestas nacionales del 11 de julio de 2021 continúan presentes y, en algunos sectores, se han agravado durante los últimos meses.

La diapositiva no demuestra por sí sola la existencia de una orden represiva ni permite afirmar que un nuevo levantamiento sea inminente. Sí confirma, al menos en el texto visible, que la posibilidad de un “estallido social” está siendo considerada dentro de reuniones vinculadas con las estructuras de defensa del Estado.

El Gobierno cubano tiene la obligación de publicar la directiva completa y explicar qué significa cada una de las acciones políticas, económicas, sociales y comunicacionales mencionadas. Sin transparencia, la población continuará interpretando estos documentos como parte de una estrategia para contener el descontento en lugar de resolver sus causas.

Cuba no necesita planes secretos para administrar el malestar ciudadano, sino electricidad, agua, alimentos, medicamentos y autoridades dispuestas a rendir cuentas. Cuando un Gobierno dedica sus estructuras de defensa a impedir un estallido social, reconoce indirectamente que existe una crisis capaz de provocar una reacción popular.