Varias publicaciones aseguran que los trabajadores fueron retenidos por los vecinos y posteriormente detenidos por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento la Unión Eléctrica y los organismos oficiales no han confirmado públicamente las acusaciones ni las supuestas detenciones.

La tensión se apoderó de las calles de Calabazar después de que residentes de esa comunidad habanera denunciaran un presunto esquema de corrupción relacionado con la distribución de electricidad. Calabazar pertenece al municipio Boyeros, en la periferia de La Habana.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, los vecinos sospechaban que algunos circuitos permanecían sin servicio durante largas jornadas, mientras determinados negocios privados y clientes específicos recibían electricidad con mayor frecuencia.

Las denuncias sostienen que trabajadores eléctricos supuestamente negociaban con el suministro y priorizaban a quienes podían pagar. Una de las versiones divulgadas acusa directamente a los linieros de “vender la electricidad” que correspondía a la comunidad.

El malestar aumentó cuando varios residentes decidieron enfrentar públicamente a los trabajadores. En los materiales compartidos se observa una situación de elevada tensión, con ciudadanos exigiendo explicaciones sobre el manejo de los circuitos y los criterios empleados para restablecer el servicio.

Algunas publicaciones aseguran que los implicados fueron retenidos en el lugar hasta la llegada de las autoridades y posteriormente detenidos. Otra versión señala específicamente el arresto de dos trabajadores por presunta corrupción, aunque no existe todavía un comunicado policial que confirme sus identidades, los cargos o el número exacto de personas investigadas.

La ausencia de información oficial impide presentar como comprobada la supuesta venta de electricidad. CubaNet indicó que ni la Unión Eléctrica ni las autoridades habían confirmado públicamente las acusaciones o las posibles detenciones relacionadas con el incidente.

La gravedad del señalamiento exige una investigación transparente. Si se demuestra que empleados utilizaron un servicio esencial para favorecer a clientes a cambio de dinero, estarían aprovechándose de familias sometidas a extensos apagones y de una crisis que afecta prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

También corresponde escuchar la versión de los trabajadores señalados y revisar registros de operaciones, órdenes de conexión, comunicaciones internas y cualquier pago que pudiera relacionarse con los cambios realizados en los circuitos. Una acusación en redes sociales no sustituye las pruebas ni una investigación formal.

La electricidad no puede convertirse en una mercancía clandestina administrada según la capacidad económica de cada ciudadano. Las familias que permanecen a oscuras tienen derecho a conocer por qué se interrumpe su circuito, cuándo será restablecido y qué criterios determinan la distribución del limitado servicio disponible.

El incidente refleja además el creciente agotamiento de una población obligada a enfrentar apagones, pérdida de alimentos, interrupciones en el suministro de agua y dificultades para descansar o trabajar. Cuando las instituciones no ofrecen respuestas claras, la desconfianza aumenta y cualquier sospecha de privilegios puede provocar una reacción comunitaria.

Las autoridades cubanas deben informar si realmente existen trabajadores detenidos, qué evidencias fueron recopiladas y si se abrirá un proceso penal o administrativo. El silencio institucional solamente alimentará las denuncias de corrupción y la percepción de que algunos reciben electricidad mientras otros permanecen abandonados.

Calabazar exige respuestas, transparencia y un servicio distribuido sin favoritismos. Ningún ciudadano debería verse obligado a salir a la calle y enfrentar a trabajadores públicos para conocer por qué su familia permanece durante horas o días en la oscuridad.

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