Diez integrantes de la organización Cuban Americans for Cuba (CA4C) fueron arrestados el martes 17 de noviembre en Washington durante una sentada en la rotonda del edificio Cannon, una de las sedes de oficinas de la Cámara de Representantes en el complejo del Capitolio. Los activistas exigían el fin inmediato de las restricciones de Estados Unidos al suministro de petróleo y combustible a Cuba.

La cifra de diez detenidos fue facilitada por los propios organizadores. Según los medios consultados, la Policía del Capitolio no había emitido hasta el cierre de esta información un comunicado con los cargos concretos, por lo que los detalles legales del arresto no han podido confirmarse de forma independiente. Los manifestantes desplegaron pancartas contra la política estadounidense hacia la isla, de acuerdo con la información difundida por la propia organización.

Danny Valdes, fundador y director ejecutivo de CA4C, cuestionó que los sectores del exilio que respaldan las sanciones representen a toda la comunidad cubanoamericana. El grupo defiende el fin del embargo, la eliminación de las restricciones energéticas y el restablecimiento de relaciones entre ambos países.

La Embajada de Cuba en Washington se apresuró a amplificar la protesta en la red social X. Según citó la agencia china Xinhua, la sede diplomática afirmó que cubanoamericanos alzando la voz en la capital estadounidense era un recordatorio de que esta política no representa la opinión de toda la comunidad. Además, una cuenta oficialista cuestionó dónde había quedado la libertad de manifestación en Estados Unidos, según recogió CiberCuba.

El episodio contrasta con la realidad que viven los cubanos dentro de la isla, donde protestar de forma pacífica suele conllevar detenciones, interrogatorios y largas horas bajo custodia policial. CiberCuba señaló que la sentada en un edificio federal es una práctica habitual de desobediencia civil en Estados Unidos, y que el régimen la presenta como equivalente a la represión estatal que ejerce contra sus propios ciudadanos. Otro medio recordó el caso de una opositora en La Habana que, tras reclamar agua junto a sus vecinos, ya había permanecido 46 horas detenida y fue interrogada de nuevo.

La protesta se produce en medio del endurecimiento de la política de la administración Trump hacia La Habana. Según CiberCuba, desde enero de 2026 rige un cerco energético mediante órdenes ejecutivas que amenazan con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. El 5 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra ocho entidades y dos personas vinculadas a la red financiera, naviera y militar del régimen, entre ellas empresas chinas y una hija de la presidenta de GAESA, según el Departamento de Estado.

Rubio defendió el 9 de noviembre en París que la inestabilidad en Cuba supone una amenaza para la seguridad nacional de su país y advirtió a las autoridades cubanas de que no hay futuro en el camino que siguen, según informó Cubanet. Washington sostiene que la élite gobernante acapara los recursos energéticos y marítimos de la isla mientras el pueblo sufre apagones y escasez.

El debate sobre las sanciones divide a la comunidad cubanoamericana: unos reclaman aliviar las restricciones por sus efectos en la población, y otros sostienen que la presión económica sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel es necesaria para forzar cambios políticos y el respeto a los derechos humanos.

Con información de CiberCuba, Cuba en Miami, Periódico Cubano, Rio Times, La Jornada (Xinhua), Asere, Cubanet y el Departamento de Estado de EE. UU.