Campuzano, exiliado en Canadá y crítico del régimen cubano, aseguró que la sentencia contra su hija forma parte de una represalia política por sus denuncias contra la dictadura y por la publicación de su libro Cuba, el Titanic del Caribe, una obra en la que cuestiona duramente al sistema cubano.

De acuerdo con reportes de medios independientes, el juicio se habría celebrado el pasado 15 de abril en La Habana y la condena fue confirmada semanas después. El periodista calificó el proceso como “amañado” y afirmó que su hija fue utilizada por las autoridades como instrumento de castigo contra él.

Aunque los cargos formales estarían relacionados con un supuesto incidente en un local comercial y una presunta agresión a un oficial, Campuzano sostiene que se trata de pretextos usados por el régimen para justificar una condena con motivación política.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido una explicación transparente sobre el caso ni han respondido públicamente a las denuncias del periodista. La falta de información oficial independiente vuelve a colocar bajo sospecha el funcionamiento del sistema judicial cubano, señalado durante años por organizaciones de derechos humanos por actuar subordinado al poder político.

El caso de Wendy Campuzano refleja una práctica recurrente del régimen: castigar no solo a quienes denuncian directamente, sino también a sus familiares dentro de la isla. Para muchos exiliados cubanos, la familia que queda en Cuba se convierte en rehén emocional y político de un sistema que utiliza amenazas, citaciones, procesos penales y vigilancia como formas de presión.

Armando Campuzano responsabilizó al régimen por lo ocurrido y denunció que su hija está pagando el precio de sus palabras. Su testimonio ha generado indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla, especialmente por tratarse de un caso que vuelve a mostrar cómo la represión puede extenderse más allá del opositor visible y alcanzar a sus seres queridos.

La condena de dos años contra Wendy Campuzano se suma a una larga lista de casos donde ciudadanos cubanos enfrentan procesos judiciales cuestionados, sin garantías suficientes y en un contexto de persecución contra voces críticas, activistas, periodistas independientes y familiares de exiliados.

En Cuba, la justicia no puede seguir siendo usada como herramienta de intimidación política. Ningún ciudadano debería ser condenado para castigar las opiniones de su padre, su madre, su hijo o cualquier familiar que se atreva a denunciar al régimen.

El caso exige transparencia, revisión independiente y garantías legales reales. También vuelve a recordar que la dictadura cubana no solo encarcela cuerpos; intenta quebrar familias, sembrar miedo y silenciar a quienes desde el exilio se niegan a callar.

La denuncia de Armando Campuzano deja una pregunta urgente: ¿cuántos cubanos más tendrán que pagar prisión, persecución o amenazas simplemente por estar vinculados a alguien que decidió decir la verdad?