La medida fue aprobada por la Dirección General de Migración y Extranjería mediante la creación de una Categoría Especial Temporal Complementaria, un mecanismo humanitario que permitirá a ciertos solicitantes obtener estatus legal y permiso de trabajo en el país.

Podrán acogerse quienes hayan solicitado refugio en Costa Rica entre el 1.º de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026, siempre que hayan residido de forma continua en territorio costarricense desde el momento de la solicitud hasta la fecha en que pidan entrar a la nueva categoría.

El beneficio también alcanzará a personas cuya solicitud de refugio aún esté pendiente, haya sido denegada en firme o declarada manifiestamente infundada, siempre que no tengan otra categoría migratoria aprobada o en trámite y cumplan con los requisitos establecidos por Migración.

La nueva categoría entrará en vigor el 1.º de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, los interesados podrán presentar sus solicitudes mediante cita previa. El período para aplicar estará abierto hasta el 1.º de septiembre de 2027.

Quienes sean aprobados podrán trabajar legalmente en Costa Rica, tanto por cuenta propia como bajo relación laboral con un empleador. El permiso se otorgará por dos años y podrá renovarse por períodos iguales, siempre que la persona mantenga las condiciones exigidas.

La decisión busca aliviar el enorme atraso acumulado en el sistema de refugio costarricense, que durante años ha recibido decenas de miles de solicitudes, principalmente de nicaragüenses, pero también de cubanos, venezolanos y colombianos que huyeron de crisis políticas, económicas, violencia, persecución o falta de oportunidades en sus países.

Para miles de migrantes, esta medida representa una salida parcial a la incertidumbre. Muchos llevan años viviendo en Costa Rica sin una resolución definitiva, con dificultades para integrarse plenamente, acceder a empleos formales o planificar su futuro con estabilidad.

El gobierno costarricense también estableció filtros de seguridad. La categoría podrá ser negada o cancelada a personas con antecedentes por delitos dolosos en los últimos diez años o a quienes representen una amenaza para la seguridad pública. Además, cada solicitante deberá presentar documentos de identidad, certificación de nacimiento, antecedentes penales y pruebas de arraigo o permanencia en el país.

Aunque la medida no resuelve por completo la crisis migratoria, sí ofrece una alternativa legal para una población que ha permanecido atrapada entre expedientes pendientes, denegatorias y falta de opciones migratorias ordinarias.

Para los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y colombianos que han buscado protección en Costa Rica, la nueva categoría puede significar algo fundamental: dejar de vivir en la incertidumbre, poder trabajar legalmente y reconstruir una vida con mayor seguridad jurídica.

La medida confirma además la presión que enfrentan los sistemas migratorios de América Latina, en una región marcada por dictaduras, represión, crisis económicas, violencia e inestabilidad. Detrás de cada solicitud de refugio hay una historia de huida, separación familiar y búsqueda de un futuro más digno.