En términos formales, la medida podría presentarse como un intento de alineación con estándares internacionales de control financiero.
Sin embargo, en la práctica cubana caracterizada por la opacidad institucional y la ausencia de garantías jurídicas esta normativa abre la puerta a algo mucho más grave.
Por un lado, se traslada al sector privado una función que corresponde exclusivamente al Estado: la investigación y el control. Se convierte al emprendedor en un agente de vigilancia, sin preparación, sin protección legal y bajo amenaza de sanción.
Por otro, se institucionaliza la desconfianza. La relación básica entre cliente y negocio queda contaminada por el miedo. ¿Quién decide qué es “sospechoso”? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué mecanismos de defensa?
El riesgo no es solo económico aunque lo es, porque añade una carga más a un sector ya asfixiado, sino profundamente social y político.
En un sistema donde las listas pueden carecer de transparencia, esta medida puede derivar en exclusión, persecución indirecta y control extendido sobre la ciudadanía.
El resultado es claro: el Estado no solo regula, sino que delega la vigilancia. No solo controla, sino que obliga a otros a controlar.
Y cuando una sociedad comienza a vigilarse a sí misma por mandato, la libertad deja de ser un derecho… para convertirse en una sospecha.
Pensar con libertad, decir la verdad, vivir con dignidad y paz no debería ser un privilegio… debería ser un derecho.
#Cuba #DerechosCiviles #Economía #Libertad #Actualidad