Contrario al mensaje del video, los negocios no financiarán las jubilaciones con sus propios recursos ni han sido obligados oficialmente a participar. El esquema será voluntario: los establecimientos actuarán como agentes bancarios, recibirán el importe mediante el sistema financiero y cobrarán una comisión por entregar el efectivo a los pensionados.

La presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, presentó la iniciativa el 17 de julio como una respuesta a las extensas colas que enfrentan las personas mayores para retirar sus pensiones. La funcionaria reconoció que este se ha convertido en uno de los problemas más difíciles para el sistema bancario nacional.

Más del 80 % de los salarios y las pensiones en Cuba se deposita actualmente en tarjetas bancarias. Sin embargo, numerosos ciudadanos necesitan convertir esos fondos en efectivo para comprar en establecimientos donde los pagos electrónicos no funcionan o no son aceptados, situación que provoca una fuerte presión sobre las sucursales.

El nuevo modelo permitirá que comercios cercanos a las viviendas entreguen las pensiones mediante contratos del servicio conocido como Caja Extra. Los jubilados serán registrados en una plataforma digital y podrán acudir al establecimiento asignado para recibir su dinero sin desplazarse hasta una oficina bancaria.

Los negocios utilizarán parte del efectivo obtenido por sus ventas para realizar los pagos. A cambio, el banco acreditará digitalmente los importes correspondientes y otorgará una comisión por el servicio, evitando que los comerciantes tengan que trasladar diariamente todo ese dinero hasta una sucursal.

La participación fue presentada oficialmente como voluntaria. Los pensionados tampoco estarán obligados a utilizar el nuevo sistema y podrán continuar cobrando en las sucursales bancarias tradicionales cuando así lo prefieran.

Aunque el mecanismo no significa que los empresarios privados tengan que asumir financieramente las pensiones, sí revela hasta qué punto el Estado necesita apoyarse en un sector al que durante años limitó y consideró únicamente “complementario” dentro del modelo socialista.

La medida también constituye un reconocimiento del fracaso de la bancarización acelerada en 2023. El Gobierno intentó reducir drásticamente el empleo de efectivo, pero los apagones, las fallas de conectividad, la inflación y la resistencia de muchos comercios dificultaron la expansión efectiva de los pagos digitales.

Como parte del mismo paquete, el Banco Central comenzó a introducir billetes de 2.000 y 5.000 pesos, suspendió el límite anterior de 5.000 pesos para determinados pagos en efectivo y elevó hasta 2,5 millones de pesos el umbral mensual para operaciones bancarias por cliente.

Las autoridades presentan el mecanismo como un beneficio para jubilados, comercios y bancos. Sin embargo, sus críticos consideran que demuestra la incapacidad de las instituciones estatales para garantizar incluso el acceso de los ciudadanos al dinero que ya tienen depositado en sus cuentas.

El verdadero resultado dependerá de que los establecimientos dispongan de efectivo suficiente, de que las plataformas funcionen durante los apagones y de que existan controles para impedir errores, demoras o irregularidades en la entrega de los fondos.

El comunismo cubano no ha transferido legalmente la responsabilidad económica de las pensiones al sector privado, pero sí ha terminado recurriendo a sus cajas, empleados e infraestructura para resolver una crisis creada dentro del propio sistema bancario estatal.

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