Las declaraciones fueron realizadas durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, donde el funcionario cubano presentó a la isla como un espacio favorable para el capital ruso, especialmente en áreas como energía, refinerías, transporte, infraestructura, turismo, minería, salud, industria biofarmacéutica y agroindustria.

Pérez-Oliva Fraga afirmó que Cuba está abierta a negocios en generación eléctrica, distribución, eficiencia energética y fuentes renovables, en momentos en que el país atraviesa una de las peores crisis eléctricas de su historia. También mencionó incentivos específicos para empresas rusas vinculadas al sector de refinerías, incluyendo facilidades para la venta directa de combustibles y beneficios fiscales en mercados mayoristas.

El mensaje del régimen es claro: mientras empresas occidentales reducen operaciones o abandonan proyectos por la crisis económica, el deterioro del turismo y el riesgo de sanciones estadounidenses, La Habana intenta profundizar su dependencia de Rusia como socio político, financiero y estratégico.

La apuesta, sin embargo, revela una contradicción dolorosa. Cuba busca capital extranjero para sectores que el propio sistema ha destruido durante décadas con centralización, burocracia, falta de transparencia, corrupción, abandono de infraestructuras y control militar de la economía. Ahora, ante el colapso energético, la escasez de combustible y la caída de ingresos, el gobierno ofrece incentivos a aliados externos mientras el pueblo sigue sin electricidad, sin comida suficiente y sin libertades básicas.

El acercamiento a Rusia no es nuevo, pero se ha acelerado en medio del aislamiento financiero de La Habana y la presión de Washington contra entidades vinculadas al régimen cubano. Moscú, por su parte, busca ampliar su presencia económica y geopolítica en América Latina, y Cuba sigue siendo una pieza simbólica dentro de esa estrategia.

Para el régimen, atraer inversión rusa puede servir como tabla de salvación parcial frente a la falta de divisas. Para Rusia, representa una oportunidad de influencia en el Caribe, muy cerca de Estados Unidos, en un contexto de tensiones internacionales y sanciones occidentales.

Pero para los cubanos de a pie, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se beneficia realmente de esas inversiones? Durante años, los grandes sectores rentables de la isla —turismo, remesas, puertos, tiendas en divisas, construcción e infraestructura— han estado bajo control de estructuras estatales y militares, mientras la población vive en pobreza, apagones y precariedad.

La apertura a Rusia ocurre además en un momento en que el modelo cubano muestra señales de agotamiento extremo. El sistema eléctrico está al borde del colapso, el transporte público casi paralizado, los hospitales deteriorados, el campo sin recursos y la industria nacional incapaz de responder a las necesidades básicas del país.

El régimen presenta estas inversiones como cooperación y desarrollo. Pero sin transparencia, sin Estado de derecho, sin garantías para los ciudadanos y sin libertad económica real para los cubanos, cualquier acuerdo corre el riesgo de convertirse en otro negocio entre élites, lejos de las necesidades urgentes del pueblo.

Cuba no necesita sustituir una dependencia por otra. Necesita abrirse a la libertad, al mercado real, a la propiedad privada, a la inversión transparente y a instituciones que respondan al ciudadano, no a una cúpula política.

Mientras el gobierno promete incentivos a empresas rusas, millones de cubanos siguen esperando algo mucho más básico: corriente eléctrica, comida, medicinas, transporte y el derecho a decidir el futuro de su país.