“Para reprimir la libertad de quejarse hay todos los recursos disponibles”, afirmó la mujer, quien acusó al régimen de priorizar el control político por encima de las necesidades más urgentes de la población.

La ciudadana cuestionó que el Gobierno cubano repita constantemente que no dispone de combustible, dinero ni piezas para estabilizar el sistema eléctrico, reparar las redes de agua o garantizar medicamentos, pero sí encuentre recursos cuando los vecinos salen a reclamar soluciones.

Su mensaje llega en medio de una de las crisis más profundas que ha enfrentado Cuba, con prolongados apagones, comunidades sin agua, dificultades para conseguir alimentos y hospitales afectados por la escasez de medicinas e insumos.

En distintos puntos del país, ciudadanos agotados por las carencias han realizado cacerolazos, concentraciones y bloqueos de calles. Muchas de estas protestas surgen espontáneamente después de jornadas completas sin electricidad o sin suministro de agua.

La cubana señaló que, frente a esas manifestaciones, las autoridades suelen responder enviando patrullas, agentes de la Seguridad del Estado y efectivos uniformados, en lugar de ofrecer explicaciones transparentes o soluciones permanentes.

La crítica resume una percepción extendida entre numerosos ciudadanos: para reparar una avería pueden transcurrir horas o días, pero para vigilar a un activista, intimidar a un manifestante o impedir una protesta la respuesta institucional puede ser inmediata.

Quienes salen a las calles no reclaman privilegios. Exigen electricidad, agua, alimentos, transporte, atención médica y el derecho a expresar públicamente su descontento sin ser tratados como enemigos.

Sin embargo, el régimen continúa interpretando muchas expresiones de inconformidad como amenazas políticas. Esa postura transforma problemas sociales y económicos en operaciones de vigilancia, control y represión.

La mujer también cuestionó el discurso oficial que atribuye todas las dificultades del país a la falta de recursos externos. Para ella, el verdadero problema se encuentra en las prioridades de un sistema dispuesto a invertir en mecanismos de control mientras abandona servicios esenciales.

El contraste se vuelve aún más evidente cuando aparecen videos de comunidades enteras viviendo en la oscuridad, recogiendo agua de salideros o pidiendo medicamentos, mientras numerosos agentes son movilizados para rodear una vivienda o dispersar una concentración pacífica.

La represión no produce electricidad, no llena los mercados y tampoco repara las tuberías. Solamente aumenta el miedo, el resentimiento y la distancia entre las instituciones y una población cada vez más desesperada.

Una fuerza policial debería proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad, no impedir que denuncien el hambre, los apagones o la falta de agua. Silenciar las quejas no elimina las causas que las provocan.

El mensaje de esta cubana expone una pregunta que el Gobierno continúa sin responder: si existen recursos para vigilar, detener e intimidar, ¿por qué nunca aparecen con la misma rapidez para atender las necesidades del pueblo?

Mientras las autoridades continúen priorizando la permanencia en el poder sobre el bienestar de la población, cada apagón, cada protesta y cada acto de represión seguirá demostrando que en Cuba no faltan únicamente recursos: también falta voluntad política para colocar al ciudadano en el centro de las decisiones.

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