Sánchez permanece bajo vigilancia en un hotel de Malabo, sin libertad para salir y sin recibir el tratamiento médico que asegura necesitar. Su caso plantea serias interrogantes sobre la atención proporcionada a personas enfermas durante las deportaciones estadounidenses hacia terceros países.

El cubano salió el 20 de agosto desde Luisiana en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Viajó junto con otros migrantes durante más de 36 horas sin conocer claramente cuál sería su destino final, según una investigación de El País.

La familia sostiene que Sánchez era residente permanente y que su documentación tenía vigencia hasta 2030. Sin embargo, esa condición no impide necesariamente una deportación cuando existen determinadas condenas u órdenes migratorias, cuyos detalles completos no han sido publicados.

El reportaje señala que había sido detenido por posesión de drogas y recibió como sanción trabajos comunitarios. Sus familiares intentaron conseguir su liberación mientras permanecía bajo custodia migratoria, argumentando que su delicada condición física requería atención especializada.

Hace casi diez años, Sánchez recibió varias puñaladas durante una agresión en Hialeah que le provocó graves daños intestinales. Permaneció aproximadamente 40 días en coma y desde entonces ha pasado por numerosas intervenciones quirúrgicas.

Tenía programada una décima operación en el Jackson Memorial Hospital de Miami. La gran protuberancia que presenta en el abdomen le provoca dolores intensos, le impide levantar más de 20 libras y dificulta que pueda trabajar.

Sánchez denunció que permaneció esposado durante el extenso viaje y que no le permitieron utilizar el baño cuando lo solicitó. “Me oriné tres veces en los pantalones”, relató al describir lo que considera un trato degradante.

El vuelo aterrizó inicialmente en Liberia, donde Sánchez, otros tres cubanos y un brasileño se negaron a desembarcar porque afirmaron que no se sentían seguros. Los testimonios recogidos aseguran que las autoridades les hicieron creer que serían devueltos a Estados Unidos.

Según los deportados, Sánchez fue sacado por la fuerza y cayó de frente sobre el pavimento mientras tenía expuesta su hernia. Este relato procede de Sánchez y de otros pasajeros; hasta el momento no se ha divulgado una grabación oficial ni un informe gubernamental que detalle lo sucedido en la pista.

Los cinco hombres fueron trasladados posteriormente a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Sánchez asegura que permanece en un hotel custodiado por personal armado, sin pasaporte, documentos migratorios ni autorización para salir.

Para contener la protuberancia abdominal utiliza una faja y afirma que solamente ha recibido paracetamol contra el dolor. “No valgo un medio”, declaró desde el hotel al expresar el abandono que siente.

El cubano fue llevado a un hospital, pero sostiene que los médicos se negaron a asumir su tratamiento debido a la ausencia de documentos y de una autoridad que garantizara los gastos y cuidados posteriores. “Si ustedes no se hacen responsables, ¿cómo nos vamos a responsabilizar nosotros?”, habría respondido una doctora.

Su madre y su hermana, residentes en Florida, desconocían inicialmente dónde se encontraba. La familia supo que había terminado en África después de reconocerlo en un video difundido públicamente y posteriormente logró comunicarse con él.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió ante El País la operación y afirmó que los migrantes fueron enviados a un “tercer país seguro” como parte de la aplicación de las leyes migratorias. La institución no respondió de manera específica a todas las denuncias sobre el uso de esposas, la imposibilidad de ir al baño y la falta de atención para la hernia.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado las deportaciones de personas hacia países con los cuales no poseen vínculos familiares, culturales o migratorios. Advierten que esta práctica puede dejarlas en un limbo legal, sin documentos, representación jurídica ni acceso adecuado a servicios médicos.

La prioridad inmediata para Sánchez es recibir una evaluación especializada que determine si la hernia presenta riesgo de obstrucción intestinal, estrangulamiento u otra complicación. Su familia exige que alguna de las autoridades involucradas asuma la responsabilidad y garantice el tratamiento que necesita.

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