La medida ha sido descrita por críticos y empresarios como un verdadero “corralito bancario”, al impedir que capital privado extranjero pueda salir del país, aun cuando esos fondos pertenecen a compañías que operan legalmente en la isla.

De acuerdo con reportes previos de medios independientes y fuentes empresariales, el Gobierno cubano ya venía aplicando restricciones similares desde hace meses. Empresas extranjeras radicadas en Cuba habrían sido informadas de que sus fondos en divisas no podían ser repatriados y que solo podían utilizarse para operaciones dentro del territorio nacional.

La situación genera una enorme preocupación porque ocurre justo cuando el régimen intenta presentarse como abierto a la inversión extranjera, al capital privado y a la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional.

La contradicción es evidente: por un lado, Díaz-Canel y el Partido Comunista anuncian reformas para atraer dinero fresco; por el otro, inversionistas ya establecidos denuncian que no pueden sacar el dinero que generaron dentro del país.

Según las denuncias, las autoridades cubanas estarían ofreciendo a las empresas afectadas la posibilidad de abrir nuevas cuentas en divisas, supuestamente con más libertad operativa. Sin embargo, esas cuentas solo aceptarían dinero nuevo procedente del exterior, mientras los fondos antiguos quedarían atrapados bajo restricciones.

Para muchos empresarios, esto equivale a pedirles que traigan más dólares a Cuba después de haberles bloqueado el acceso al dinero que ya tenían depositado.

El llamado “corralito” revela la profundidad de la crisis de liquidez que enfrenta el sistema bancario estatal cubano. La falta de divisas, el colapso productivo, la caída del turismo, las sanciones internacionales, la deuda acumulada y la pérdida de confianza han dejado al régimen sin capacidad suficiente para responder a obligaciones internas y externas.

El impacto puede ser devastador para la inversión extranjera. Ningún empresario serio quiere colocar capital en un país donde no tiene garantías reales de recuperar sus ganancias, transferir utilidades o disponer de sus propios fondos.

Este escenario golpea especialmente a compañías extranjeras vinculadas al turismo, comercio, servicios, importaciones y proyectos mixtos, sectores que durante años sostuvieron parte de la entrada de divisas a la isla.

El caso también llega en un momento crítico. Cuba acaba de aprobar un paquete de reformas económicas que promete abrir espacio a empresas privadas, bancos privados, inversión extranjera, venta de activos estatales y participación de cubanos residentes en el exterior. Pero la pregunta central sigue siendo la misma: ¿quién va a invertir en un país donde el propio Estado puede retener el dinero?

La falta de transparencia agrava aún más la preocupación. Hasta ahora, las autoridades cubanas no han ofrecido explicaciones claras y públicas sobre el alcance de estas restricciones ni sobre las garantías reales para los inversionistas afectados.

Para los críticos del régimen, esta medida confirma que Cuba no ofrece seguridad jurídica, sino control político sobre la economía. El Estado decide quién entra, quién opera, quién cobra y quién puede sacar su dinero.

El supuesto “corralito” bancario no solo perjudica a empresarios extranjeros. También envía un mensaje directo a los cubanos en el exterior a quienes ahora el régimen intenta convencer para invertir en la isla: traer dinero a Cuba puede ser fácil; sacarlo puede convertirse en una pesadilla.

La denuncia pone en duda toda la narrativa oficial de apertura económica. Si el régimen quiere atraer capital, necesita confianza. Y no puede haber confianza cuando las empresas reciben notificaciones que les impiden disponer libremente de sus propios fondos.

En medio de la peor crisis económica en décadas, el Gobierno cubano busca desesperadamente divisas. Pero retener el dinero de inversionistas extranjeros puede terminar provocando el efecto contrario: más desconfianza, más salida de empresas y más aislamiento financiero.

El mensaje para los inversionistas parece claro: Cuba pide dinero, pero no garantiza libertad para moverlo. Y bajo esas condiciones, la llamada apertura económica puede terminar siendo otra trampa del mismo sistema que ha hundido al país.