En un video compartido por la activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia, se denuncia que expresar inconformidad social y no apoyar un sistema político no debe ser tratado como un delito, sino como un derecho fundamental. El mensaje hace énfasis en que ninguna persona debería ser castigada por decir lo que piensa, mucho menos una madre que denuncia la crisis que afecta a su familia y a su comunidad.

Yurisleidis Remedios, identificada como madre y residente en Santiago de Cuba, ha sido mencionada anteriormente en denuncias públicas por sus críticas al gobierno cubano. Su caso refleja la situación de muchas mujeres dentro de la isla que, además de enfrentar apagones, escasez, altos precios, falta de alimentos y deterioro de los servicios básicos, también sufren presiones cuando deciden hablar.

La denuncia señala que el régimen cubano continúa usando el miedo como herramienta para silenciar a quienes muestran la realidad del país. En lugar de escuchar el reclamo de las madres, de los trabajadores y de los barrios más golpeados por la crisis, las autoridades responden con citaciones, amenazas, vigilancia y hostigamiento.

El caso de Yurisleidis pone nuevamente sobre la mesa una pregunta urgente: ¿por qué una ciudadana cubana debe temer por expresar que está inconforme con el sistema político bajo el que vive?

Activistas y usuarios en redes han insistido en que la libre expresión no puede seguir siendo criminalizada en Cuba. Pedir cambios, criticar al gobierno, denunciar la miseria o decir que no se está de acuerdo con el sistema no debería ser motivo de persecución.

La situación resulta aún más sensible cuando se trata de madres cubanas que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de alimentar, proteger y criar a sus hijos en medio de una crisis profunda. Muchas de ellas no hablan desde una agenda política, sino desde el cansancio, la desesperación y el derecho a exigir una vida digna.

La denuncia compartida por Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia se suma a otras voces que piden el fin de la represión contra mujeres, madres, activistas y ciudadanos comunes. El reclamo es claro: basta de castigar la disidencia, basta de perseguir la opinión y basta de convertir la pobreza y el miedo en herramientas de control.

Expresar descontento no es delito. Pensar diferente no es delito. Pedir libertad no es delito. El caso de Yurisleidis Remedios representa a muchas madres cubanas que ya no quieren seguir callando ante la injusticia.