La propuesta ha sido resumida por numerosos cubanos como una “apertura económica sin apertura política”: el régimen reconoce que necesita al mercado y al capital privado para producir riqueza, pero conserva intacto el monopolio político del Partido Comunista.

Un video difundido en redes sociales ha vuelto a colocar en el centro del debate las contradicciones de las nuevas reformas económicas cubanas. Aunque el Gobierno presenta los cambios como una transformación histórica, también insiste en que todas las medidas permanecerán subordinadas al modelo socialista.

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad un paquete de 176 medidas previamente respaldado por el Partido Comunista y por Raúl Castro. Se trata de uno de los mayores cambios introducidos en la economía cubana desde la revolución de 1959.

Las propuestas permitirían ampliar las empresas privadas, contratar a más de 100 trabajadores, poseer varios negocios, desarrollar proyectos inmobiliarios particulares y vender determinadas propiedades estatales a inversionistas nacionales y extranjeros.

El programa también contempla transformar algunas empresas estatales en sociedades con participación accionaria, facilitar la inversión de cubanos residentes en el exterior y permitir una presencia privada dentro del sector bancario, tradicionalmente controlado por el Estado.

Díaz-Canel trató de establecer desde el inicio los límites políticos de la reforma. Ante los diputados declaró que el debate consiste en determinar cómo continuar la construcción del socialismo y afirmó de manera categórica: “No estamos renunciando al socialismo”.

Incluso las nuevas instituciones bancarias privadas funcionarían bajo supervisión estatal. El primer ministro Manuel Marrero reconoció al mercado como un instrumento para distribuir recursos de manera más eficiente, pero defendió las medidas como una actualización del modelo socialista y no como una transición hacia un sistema político diferente.

El mensaje resulta claro: el régimen acepta una mayor intervención del capital privado porque necesita producción, empleos, divisas e inversión, pero no contempla pluralismo político, elecciones competitivas ni una reducción del poder dirigente del Partido Comunista.

Las autoridades aseguran que el objetivo es mejorar las condiciones de vida y preservar las conquistas sociales. También atribuyen gran parte de la crisis a las sanciones estadounidenses, aunque han reconocido problemas internos relacionados con la burocracia, la ineficiencia y la incapacidad del sector estatal para satisfacer las necesidades del país.

Las dudas no son infundadas. Después de autorizar miles de pequeñas y medianas empresas, el Gobierno endureció en 2024 los impuestos, las restricciones comerciales y los controles sobre el sector privado, demostrando que las reglas pueden modificarse cuando la actividad independiente comienza a ganar demasiado espacio.

La reacción ciudadana ante las 176 medidas ha estado marcada por una combinación de esperanza, cansancio y desconfianza. Muchos cubanos cuestionan cuándo serán implementadas, quiénes podrán aprovecharlas y si una población golpeada por la inflación dispone realmente de dinero para invertir.

Para empresarios e inversionistas, la principal interrogante no es solamente qué negocios serán autorizados, sino qué garantías jurídicas existirán frente a confiscaciones, restricciones futuras o nuevos cambios políticos. Sin tribunales independientes y reglas estables, cualquier apertura seguirá dependiendo de las decisiones de la misma estructura gubernamental.

Las reformas pueden generar producción y ofrecer oportunidades a miles de familias, pero una economía verdaderamente libre necesita propiedad protegida, contratos respetados y ciudadanos capaces de actuar sin depender de permisos políticos. Cuba abre parcialmente el mercado, pero mantiene cerrada la puerta de la libertad política.

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