Según el testimonio público, en la Notaría de Bauta se habría elaborado hace más de un año un poder notarial presuntamente falso, utilizado luego para realizar trámites relacionados con derechos hereditarios, vivienda y patrimonio familiar. La persona denunciante asegura que el documento fue protocolizado, sellado y tramitado como si fuera válido, lo que, de confirmarse, representaría una grave afectación a la fe pública notarial.

La denuncia señala directamente a una notaria identificada como Arais Hernández Loyola, a quien se acusa de haber autorizado un documento que habría permitido a terceros gestionar trámites sin el consentimiento de una de las personas con derechos sobre la vivienda familiar. Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública oficial de la notaría, de la Fiscalía o de las autoridades competentes sobre estas acusaciones.

De acuerdo con el relato, el poder notarial cuestionado habría sido usado para solicitar documentos en otras instituciones, incluyendo certificaciones de defunción, actos de última voluntad, declaratorias de herederos y gestiones ante vivienda, planificación física, bufetes colectivos y registros civiles. La denuncia menciona además al Registro Central del municipio La Lisa y a la propia Notaría de Bauta como entidades involucradas en la cadena de trámites.

La persona afectada asegura haber presentado documentos que reconocerían sus derechos hereditarios sobre la vivienda, así como pruebas de que un tercero habría recibido facultades para disponer de su parte sin autorización. También afirma que ha intentado denunciar el caso ante la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía de Bauta, pero que las autoridades se habrían negado a perseguir el presunto delito.

El reclamo fue dirigido públicamente a la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, así como a instituciones del Estado cubano, incluyendo el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros.

La denuncia plantea una pregunta de fondo sobre el funcionamiento del sistema legal cubano: ¿qué herramientas reales tiene un ciudadano cuando acusa a funcionarios o instituciones estatales de participar, permitir o ignorar una presunta estafa documental?

En Cuba, donde el Estado controla notarías, registros, fiscalías, policía y tribunales, los ciudadanos suelen enfrentar enormes obstáculos cuando sus denuncias involucran a organismos oficiales. La falta de independencia judicial, la burocracia, el miedo a represalias y la ausencia de transparencia convierten muchos conflictos legales en verdaderos laberintos para las familias afectadas.

El caso denunciado en Bauta, de ser confirmado, no sería solo un conflicto hereditario. Sería una señal grave sobre el deterioro de la seguridad jurídica en la isla. La fe pública notarial existe precisamente para garantizar que los documentos sean auténticos, que las voluntades no sean suplantadas y que los bienes familiares no puedan ser transferidos mediante fraudes o maniobras ilegítimas.

La denunciante afirma que el presunto caso involucra a más de 20 personas en una cadena de trámites, documentos y gestiones que habrían terminado consumando el despojo de un patrimonio familiar. También sostiene que otras familias viven situaciones similares y terminan resignándose ante la falta de respuesta institucional.

Más allá de los nombres y documentos que deberán ser investigados, el reclamo refleja una realidad dolorosa: en Cuba, muchas víctimas no solo denuncian el abuso inicial, sino también el abandono posterior de un sistema que debería protegerlas.

La justicia no puede ser selectiva ni depender de influencias, silencios o conveniencias institucionales. Si existe un poder notarial falso, si se usaron sellos oficiales para legitimar una estafa, si se tramitaron documentos sobre una base fraudulenta y si hubo funcionarios que participaron o miraron hacia otro lado, el caso debe investigarse con seriedad y consecuencias legales.

El Estado cubano se presenta como garante de derechos, pero denuncias como esta muestran la distancia entre el discurso oficial y la vida real de los ciudadanos. Cuando una persona asegura que no le permiten denunciar, que sus pruebas son ignoradas y que sus derechos hereditarios fueron vulnerados con documentos públicos, no estamos ante una simple queja burocrática: estamos ante un llamado de auxilio.

La familia afectada exige justicia, devolución del bien presuntamente despojado y una investigación transparente sobre todos los funcionarios y particulares involucrados. También pide que se reconozca el daño causado y que se frene una cadena de impunidad que, según denuncia, lleva más de un año sin respuesta efectiva.

Este caso debe ser esclarecido. Porque si la fe pública se rompe, si las notarías dejan de ser garantía y si la Fiscalía no actúa cuando se presentan pruebas, entonces el ciudadano queda completamente indefenso frente al poder, la burocracia y la corrupción.