El documento, titulado Countering Foreign Information Manipulation and Interference, fue presentado al Congreso en febrero de 2026. Según la información divulgada, el Departamento de Estado considera que China utiliza medios estatales, plataformas digitales, organizaciones asociadas y redes de donantes para difundir propaganda, desacreditar políticas estadounidenses y ampliar su influencia internacional.

La subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, acusó a organizaciones como CODEPINK y The People’s Forum de atacar constantemente a Estados Unidos, minimizar los abusos cometidos por regímenes marxistas y recibir recursos procedentes de una red de donantes con conexiones denunciadas con el Partido Comunista Chino.

La principal figura señalada es Neville Roy Singham, un empresario estadounidense residente en Shanghái y esposo de Jodie Evans, cofundadora de CODEPINK. Investigaciones periodísticas y documentos del Congreso sostienen que Singham ha financiado diversas organizaciones que promueven discursos favorables a Pekín, aunque él ha negado trabajar bajo las órdenes del Gobierno chino.

Las preocupaciones no comenzaron con el reciente informe. En abril de 2025, el senador Chuck Grassley solicitó al Departamento de Justicia y al FBI evaluar si CODEPINK y The People’s Forum debían registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA, debido a sus presuntos vínculos financieros y políticos con Singham y entidades relacionadas con China.

Meses después, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes exigió documentación financiera a The People’s Forum. El presidente del comité afirmó que la organización habría recibido millones de dólares de la red de Singham y promovido actividades y cursos favorables a la Revolución china. Estas afirmaciones forman parte de una investigación política y no equivalen por sí solas a una condena judicial.

Hasta el momento, las fuentes consultadas no muestran una sentencia que declare a CODEPINK o The People’s Forum culpables de actuar ilegalmente como agentes de China o Cuba. Tampoco aparece en el informe divulgado una prueba que respalde la afirmación de que el régimen cubano infiltró y financió a estas organizaciones durante casi siete décadas.

La relación política de ambos grupos con La Habana, sin embargo, es pública. CODEPINK y The People’s Forum han participado en campañas contra las sanciones estadounidenses, actos de solidaridad con el Gobierno cubano y actividades que responsabilizan a Washington por gran parte de la crisis económica que atraviesa la isla.

En marzo de 2026, las organizaciones formaron parte de la caravana Nuestra América, que trasladó alrededor de 20 toneladas de alimentos, medicamentos, paneles solares y otros suministros a Cuba. El operativo reunió a unos 650 participantes procedentes de 33 países y fue presentado por sus organizadores como una acción humanitaria contra las restricciones estadounidenses.

CODEPINK asegura que su labor busca ayudar a la población cubana y denunciar lo que considera un castigo colectivo provocado por las sanciones. Sus críticos, especialmente dentro del exilio, sostienen que estas iniciativas omiten la represión política, los presos del 11J y la responsabilidad del sistema cubano en el deterioro económico y social del país.

El caso plantea una cuestión fundamental para Estados Unidos: proteger la libertad de expresión y de asociación sin permitir que gobiernos extranjeros utilicen organizaciones nacionales, financiamiento encubierto o campañas aparentemente independientes para manipular el debate público. Determinar esa diferencia exige pruebas financieras, transparencia y una investigación sometida a las garantías legales correspondientes.

La revelación del Departamento de Estado aumenta el escrutinio sobre CODEPINK, The People’s Forum y la red vinculada a Singham, pero debe comunicarse con precisión. Lo documentado apunta principalmente hacia una posible operación de influencia china; la cooperación política de estos grupos con La Habana es evidente, pero todavía no prueba que actúen bajo órdenes directas del régimen cubano.

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