Según reportes de Martí Noticias y medios independientes, Linares fue trasladada a la unidad policial de Capri, desde donde logró enviar un video denunciando que fue golpeada durante el arresto y sometida a maltratos por agentes policiales.

En la grabación, la joven aseguró que la policía la introdujo de cabeza en una patrulla, con las manos hacia atrás, y que durante el traslado un agente le tapó la boca y la nariz, impidiéndole respirar. También denunció que fue encerrada en una celda con siete hombres, pese a ser mujer.

La activista Anamely Ramos informó que el padrastro de Linares también fue arrestado durante el operativo. Según su testimonio, vecinos de Santa Amalia habían salido a protestar por la falta de electricidad cuando fuerzas represivas llegaron al lugar y actuaron con violencia contra los manifestantes.

El caso vuelve a mostrar la respuesta del régimen cubano ante el descontento popular: en vez de resolver los apagones, la escasez de agua y la crisis que desespera a las familias, despliega policías, agentes y fuerzas especiales para intimidar, golpear y detener a quienes se atreven a protestar.

Yunaiky Linares ya había sido condenada por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, una de las mayores manifestaciones populares contra la dictadura en la historia reciente de Cuba. Su nueva detención confirma que quienes alguna vez fueron castigados por reclamar libertad siguen bajo vigilancia y riesgo permanente.

La situación es especialmente preocupante porque Linares se encontraba excarcelada tras cumplir parte de una condena vinculada al 11J. Organizaciones y activistas advierten que una nueva detención podría ser usada por las autoridades para presionarla, amenazarla o intentar revocar beneficios penitenciarios.

La protesta en Santa Amalia ocurrió en medio de una ola de cacerolazos y manifestaciones vecinales en distintas zonas de La Habana, donde los apagones prolongados, la falta de agua y el deterioro de las condiciones de vida han aumentado el malestar ciudadano.

Mientras el gobierno insiste en pedir paciencia, los cubanos viven noches enteras sin electricidad, con alimentos echándose a perder, niños sin dormir, ancianos sofocados por el calor y familias cansadas de promesas incumplidas. La represión contra quienes protestan solo profundiza la indignación.

El caso de Yunaiky Linares resume la realidad de miles de cubanos: la pobreza, el apagón y la falta de derechos van de la mano. En Cuba, reclamar luz puede terminar en una patrulla. Denunciar abusos puede terminar en una celda. Y decir la verdad sigue siendo tratado como delito.

Agradecemos a Televisión Martí por permitirnos usar su material y por documentar testimonios que ayudan a visibilizar la represión en Cuba.

La detención de Linares exige atención internacional, transparencia sobre su situación legal y garantías para su integridad física. Ningún ciudadano debe ser golpeado, asfixiado o encarcelado por protestar pacíficamente contra una crisis que el propio régimen no ha sido capaz de resolver.