La declaración llega después de que varias empresas hoteleras extranjeras comenzaran a abandonar instalaciones asociadas al aparato económico de las Fuerzas Armadas cubanas, presionadas por sanciones internacionales, el deterioro operativo del país, la baja ocupación turística, los apagones, la falta de suministros y la caída del mercado.

En el video difundido, Díaz-Canel intenta presentar la crisis como una oportunidad para abrir nuevas “modalidades de negocio”, asegurando que algunos hoteles deberán pasar a una administración más cubana que extranjera. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas, especialmente entre quienes consideran que el régimen pretende ahora recurrir a los cubanos después de décadas de exclusión económica, confiscaciones, falta de garantías jurídicas y control absoluto del Estado sobre los sectores estratégicos.

La contradicción es evidente: durante años, los hoteles de lujo fueron construidos y administrados bajo estructuras vinculadas a GAESA, mientras el pueblo cubano sufría apagones, salarios miserables, hospitales en ruinas, escasez de alimentos y restricciones para emprender libremente. Ahora, ante la salida de socios extranjeros y el riesgo de que cientos de instalaciones queden sin operador, el gobierno ofrece a los cubanos una participación que nunca permitió en igualdad de condiciones.

La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿quieren realmente abrir la economía a los cubanos o simplemente buscan salvar los negocios de GAESA usando capital privado cuando ya las grandes hoteleras no quieren asumir el costo político, legal y financiero de seguir operando en Cuba?

El anuncio también expone el fracaso de un modelo turístico levantado de espaldas al pueblo. Mientras se construían hoteles vacíos y se destinaban millones de dólares al sector turístico, los cubanos seguían enfrentando colas, apagones, transporte colapsado y una crisis social cada vez más profunda.

Más que una apertura real, la propuesta de Díaz-Canel parece un intento desesperado por mantener a flote un sistema económico controlado por la cúpula del poder. Un sistema que durante décadas negó libertades a los cubanos y que ahora, acorralado por la crisis, pretende presentarse como abierto a la inversión nacional y de la diáspora.

La salida de hoteleras extranjeras marca un golpe fuerte para el régimen y para GAESA. Pero también deja al descubierto una verdad que el gobierno intenta ocultar: sin libertades, sin seguridad jurídica y sin respeto a la propiedad privada, ningún llamado a invertir podrá generar confianza real.

Cuba no necesita que el poder invite selectivamente a los cubanos a salvar hoteles militares. Cuba necesita libertad económica, garantías legales, fin de los privilegios de la élite y un país donde los ciudadanos puedan prosperar sin pedir permiso al Partido Comunista.