El planteamiento llega en un momento crítico para el turismo cubano. Varias cadenas internacionales han reducido o abandonado operaciones en instalaciones vinculadas a estructuras estatales cubanas, presionadas por sanciones estadounidenses, baja ocupación hotelera, apagones, falta de combustible, deterioro de los servicios y caída sostenida del flujo turístico.

Según explicó Díaz-Canel, el gobierno estudia nuevas modalidades de negocio para que cubanos en el exterior y empresarios de otros países puedan participar en la operación de hoteles, ya sea bajo administración cubana, compartida o mediante fórmulas aún no detalladas públicamente.

El llamado intenta cubrir el vacío dejado por empresas extranjeras que durante años fueron piezas clave del turismo en Cuba. Sin embargo, la propuesta ha despertado dudas inmediatas entre sectores de la diáspora, especialmente por la falta de garantías jurídicas, la desconfianza hacia el régimen y el historial de confiscaciones, control estatal y cambios arbitrarios en las reglas económicas del país.

Para muchos cubanos emigrados, el mensaje resulta contradictorio. Durante décadas, el régimen los trató como enemigos, gusanos o traidores. Ahora, en medio del colapso económico, les pide capital, experiencia y capacidad de gestión para rescatar hoteles que el propio sistema ha llevado a la crisis.

La oferta también ocurre bajo fuerte presión de Washington. Estados Unidos ha incrementado sanciones contra figuras e instituciones del régimen, especialmente contra estructuras vinculadas al aparato militar y económico que controla sectores estratégicos como el turismo, las finanzas, las remesas y los puertos.

Díaz-Canel volvió a atribuir la crisis a la presión estadounidense, pero los problemas del turismo cubano van mucho más allá de las sanciones. La isla enfrenta apagones prolongados, hoteles cerrados o semivacíos, escasez de suministros, deterioro de instalaciones, falta de vuelos, baja demanda internacional y un modelo turístico militarizado que durante años priorizó las divisas para la cúpula por encima del bienestar del pueblo.

El régimen busca ahora que los emigrados inviertan, pero sin ofrecer señales claras de apertura política, respeto a la propiedad privada, independencia judicial ni seguridad para el capital. En esas condiciones, muchos se preguntan quién estaría dispuesto a poner dinero en hoteles administrados o supervisados por un Estado que no garantiza transparencia ni derechos económicos reales.

La propuesta también deja al descubierto una realidad incómoda: el turismo, presentado durante años como motor de la economía cubana, está atravesando una de sus peores etapas. Mientras el gobierno construyó hoteles de lujo, millones de cubanos siguieron viviendo entre apagones, hospitales deteriorados, salarios miserables y mercados vacíos.

Ahora, cuando las cadenas extranjeras se retiran y el modelo pierde oxígeno, el régimen mira hacia la diáspora como posible salvavidas. Pero para que los cubanos en el exterior participen de verdad en la reconstrucción económica del país, no basta con invitarlos a invertir. Hace falta libertad, garantías legales, transparencia, propiedad plena y un cambio profundo del sistema.

Cuba no necesita solo nuevos administradores de hoteles. Necesita un modelo económico donde los cubanos, dentro y fuera de la isla, puedan trabajar, invertir y prosperar sin miedo al Estado.

El llamado de Díaz-Canel confirma que el régimen está buscando alternativas ante el vacío dejado por los operadores extranjeros. Pero también confirma algo más profundo: sin confianza, sin libertad y sin seguridad jurídica, ningún país puede atraer inversión seria, ni siquiera de sus propios hijos en el exilio.