Las acusaciones más graves señalan la posible complicidad de guardias y funcionarios penitenciarios, quienes permitirían o participarían en la entrada y distribución de las sustancias. Estas afirmaciones proceden de testimonios y organizaciones independientes y no han podido ser verificadas mediante una inspección autónoma del sistema carcelario cubano.

Una investigación publicada el 28 de julio centró nuevamente la atención en el Combinado del Este, la prisión de máxima seguridad más grande de Cuba. El reportaje recoge declaraciones de personas recientemente excarceladas que describen un ambiente en el que el consumo de drogas se habría extendido especialmente entre los reclusos más jóvenes.

Entre las sustancias mencionadas aparece con frecuencia “el químico”, nombre utilizado en Cuba para identificar diferentes preparados sintéticos de composición incierta y efectos potencialmente peligrosos. También se denuncia la presencia de pastillas, psicofármacos, marihuana, crack y la sustancia conocida popularmente como “papelito”.

Ángel Castro Carrera, liberado bajo libertad condicional, aseguró haber visto a jóvenes desplomarse después de consumir drogas sintéticas dentro del Combinado del Este. Según su testimonio, algunos reclusos que llevaban años encarcelados desarrollaron su dependencia mientras se encontraban dentro de la prisión.

Castro Carrera formuló además una acusación mucho más grave: sostuvo que las drogas serían utilizadas para reducir la voluntad de protesta de los prisioneros. No existen pruebas públicas independientes que permitan confirmar esa afirmación, pero testimonios semejantes han alimentado las sospechas sobre el posible uso de la adicción como mecanismo de sometimiento y control interno.

Yuleidy López González, esposa del prisionero político Jorge Bello, confirmó que se han encontrado drogas durante requisas realizadas en el Combinado del Este. Señaló que algunas sustancias pueden ser introducidas por familiares, pero aseguró que también existen denuncias que responsabilizan a miembros del personal penitenciario.

Según López González, los registros se concentran frecuentemente en los reclusos y sus allegados, pero no siempre esclarecen cómo las sustancias atraviesan los controles de una institución vigilada permanentemente. La presencia repetida de drogas plantea interrogantes sobre la responsabilidad de quienes administran y custodian el establecimiento.

El problema no estaría limitado al Combinado del Este. Cubalex documentó durante 2025 denuncias procedentes de la prisión 1580, en San Miguel del Padrón; Ivanov, en El Cotorro; el correccional Ho Chi Minh, en Jaruco; la prisión de Aguacate, en Mayabeque, y el penal Cuba Sí, en Holguín.

La organización jurídica independiente sostiene que en algunos establecimientos existen redes internas en las que determinados presos reciben privilegios para imponer disciplina o controlar a otros reclusos. A cambio, las autoridades permitirían que participen en negocios relacionados con drogas, alimentos, llamadas telefónicas y otros bienes escasos dentro de las cárceles.

Estas redes generan una economía clandestina basada en el dinero, los favores, las amenazas y la extorsión. Un preso endeudado por el consumo puede quedar expuesto a golpizas, chantajes, trabajos forzados para otros reclusos o represalias contra sus familiares.

La situación es especialmente peligrosa por la falta de atención médica denunciada en numerosos centros. Cubalex advierte que un recluso que sufra una intoxicación o sobredosis enfrenta un elevado riesgo de morir si no recibe asistencia inmediata y adecuada.

Informes anteriores ya habían alertado sobre este patrón. Entre 2023 y comienzos de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró decenas de denuncias de corrupción en instalaciones de diferentes provincias, incluidas acusaciones contra guardias por introducir alcohol, drogas ilícitas y medicamentos para venderlos a cambio de dinero o favores.

La corrupción penitenciaria agrava un entorno previamente marcado por el hacinamiento, la mala alimentación, la violencia y la insuficiente atención sanitaria. En abril de 2026, Prisoners Defenders aseguró haber documentado 449 presos políticos con enfermedades graves provocadas o empeoradas por las condiciones de reclusión y la falta de atención médica.

Las autoridades cubanas afirman que su sistema penitenciario se ajusta a las Reglas Mandela de Naciones Unidas y que existen procedimientos para sancionar al personal que incurra en violaciones. Sin embargo, no han reconocido públicamente la existencia de un problema estructural de narcotráfico dentro de las prisiones descritas por estas organizaciones.

Resulta difícil explicar cómo sustancias ilegales pueden circular de manera reiterada en instituciones controladas por el Ministerio del Interior, donde los familiares, paquetes y movimientos de los presos son sometidos a inspecciones constantes.

Las denuncias requieren investigaciones independientes, acceso de observadores internacionales a las prisiones y protección para los reclusos y familiares que revelen hechos de corrupción. Castigar únicamente al consumidor o a quien transporta una pequeña cantidad no permitirá desmontar las redes que presuntamente operan con protección institucional.

Para numerosos reclusos, la cárcel ya no representa solamente la pérdida de libertad. También significa quedar atrapados en espacios donde las drogas, la violencia, las enfermedades y la corrupción pueden convertirse en una segunda condena, administrada detrás de muros que permanecen cerrados al escrutinio público.

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