Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, y forman parte de una estrategia de presión contra entidades relacionadas con el régimen cubano, sus redes empresariales, sus sectores estratégicos y sus estructuras de influencia dentro y fuera de la isla.

Entre las entidades sancionadas figuran Almacenes Universales S.A., RAFIN S.A., Banco Financiero Internacional S.A. —conocido como BFI—, Geominera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, también conocida como Antillana de Acero.

También fue sancionada Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada como familiar adulta de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro.

Según Washington, varias de estas entidades están vinculadas directa o indirectamente al conglomerado militar GAESA, considerado uno de los pilares económicos del régimen cubano y una estructura clave en el control de divisas, logística, comercio, finanzas, turismo y otras áreas estratégicas de la economía nacional.

Almacenes Universales S.A. es señalada como una filial de GAESA con peso en operaciones logísticas y en el manejo de contenedores dentro de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, uno de los puntos más importantes para el comercio exterior del país.

RAFIN S.A. aparece como una pieza financiera vinculada a GAESA, mientras que el Banco Financiero Internacional S.A. ha sido señalado como una institución utilizada para operaciones con entidades extranjeras dentro y fuera de Cuba.

Las sanciones también alcanzan al sector minero y metalúrgico. Geominera S.A. está relacionada con la explotación de recursos minerales en Cuba, mientras que Antillana de Acero es considerada el mayor productor de acero en bruto del país y ha recibido apoyo de entidades rusas en procesos de modernización.

Como resultado de estas medidas, quedan bloqueados los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, se prohíben transacciones con ellos por parte de personas o entidades sujetas a la ley de Estados Unidos, salvo autorización específica de OFAC.

El mensaje de Washington es claro: el objetivo no es solamente sancionar nombres aislados, sino golpear las estructuras económicas que sostienen al régimen cubano, especialmente aquellas relacionadas con GAESA, la banca, la minería, la logística, el acero y las redes empresariales del poder.

El nuevo paquete de sanciones llega en momentos en que La Habana intenta proyectar una imagen de apertura económica ante el mundo, mientras dentro de la isla millones de cubanos enfrentan apagones, escasez de alimentos, falta de medicinas, salarios destruidos y una crisis social cada vez más profunda.

Para críticos del régimen, estas medidas exponen una contradicción central: mientras el pueblo cubano vive en la miseria, las estructuras empresariales vinculadas al poder continúan controlando sectores estratégicos, manejando divisas y operando con una opacidad casi total.

Washington vuelve así a apuntar contra el corazón financiero del castrismo: las empresas, bancos y sectores que durante años han servido para sostener a una élite política y militar mientras la población cubana carga con el peso de la crisis.

Las sanciones representan otro golpe a la red generadora de ingresos del régimen y aumentan la presión internacional sobre un sistema acusado de utilizar la economía nacional no para beneficiar al pueblo, sino para conservar el poder.