La familia de Lizandra Góngora volvió a pedir públicamente por su libertad y por la excarcelación de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba. En el mensaje difundido se insiste en que la activista no puede ser abandonada ni convertida en una víctima olvidada dentro del sistema penitenciario de la isla.

Góngora, madre de cinco hijos y residente en Güira de Melena, fue detenida después de participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Posteriormente recibió una condena de 14 años de privación de libertad por delitos que incluyeron sabotaje continuado, robo con fuerza y desórdenes públicos. Organizaciones opositoras y de derechos humanos cuestionan las pruebas, el proceso judicial y la severidad de la sentencia.

Las protestas del 11J se extendieron por decenas de localidades cubanas y estuvieron motivadas por la falta de alimentos y medicinas, los apagones, la crisis económica y la ausencia de libertades. Expertos de Naciones Unidas recibieron información que situaba entre 5.000 y 8.000 el número de personas detenidas durante las manifestaciones y los días posteriores.

Para los familiares y activistas que defienden a Góngora, una condena de 14 años por participar en una protesta representa un castigo destinado a sembrar miedo entre quienes reclaman cambios políticos. También denuncian que las autoridades utilizaron figuras penales graves para presentar las manifestaciones como actos criminales y no como expresiones de descontento ciudadano.

Lizandra permanece recluida en la prisión de Los Colonos, en la Isla de la Juventud, a una considerable distancia de su hogar y de sus hijos. Sus familiares han denunciado que esa ubicación dificulta las visitas, encarece los desplazamientos y profundiza la separación de una madre con sus cinco hijos.

Su situación volvió a generar preocupación en abril de 2026, cuando inició una huelga de hambre y sed para protestar por los años de represión, las condiciones de su encarcelamiento y las declaraciones oficiales que niegan la existencia de presos políticos en Cuba. La protesta fue suspendida posteriormente tras recibir llamados de familiares y personas cercanas.

La familia sostiene que guardar silencio ante estos casos contribuye a normalizar la injusticia. Cada aniversario de las protestas representa para los allegados de los detenidos un nuevo recordatorio de la separación familiar, las condenas prolongadas y la falta de una revisión judicial independiente.

El caso de Góngora forma parte de un problema mucho más amplio. Prisoners Defenders informó que Cuba registraba 1.281 presos políticos al cierre de mayo de 2026, después de incorporar 28 nuevos casos durante ese mes. La organización asegura que muchos fueron detenidos por protestar contra los apagones, la falta de agua, la escasez de alimentos y otras condiciones de la vida cotidiana.

El Gobierno cubano rechaza la existencia de presos políticos y sostiene que las personas encarceladas han sido procesadas por delitos contemplados en la legislación nacional. Sin embargo, familiares, activistas y organizaciones internacionales cuestionan la independencia de los tribunales, la falta de garantías procesales y el empleo de condenas ejemplarizantes contra opositores y manifestantes.

A cinco años del 11J, las causas que provocaron aquellas protestas continúan presentes. Cuba sigue enfrentando apagones, escasez, deterioro de los servicios públicos y un creciente descontento ciudadano, mientras centenares de participantes en aquellas jornadas permanecen encarcelados o han sido obligados a abandonar el país.

La exigencia de la familia es clara: Lizandra Góngora debe ser liberada y reunirse con sus hijos. También reclama que sean excarceladas todas las personas privadas de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos de expresión, reunión y manifestación.

El paso del tiempo no puede borrar las condenas injustas ni convertir el encarcelamiento político en una situación normal. Cada día que Lizandra permanece tras las rejas prolonga el sufrimiento de una familia y recuerda el precio que muchos cubanos siguen pagando por haber salido a las calles a pedir libertad y cambios para su país.

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