El caso, conocido como Dorcas International Institute of Rhode Island v. USCIS, pasa ahora al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, luego de que los demandados, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, presentaran un aviso de apelación el 12 de junio de 2026.

La apelación busca revisar la decisión del juez federal John J. McConnell Jr., quien declaró ilegales y dejó sin efecto cuatro políticas de USCIS que habían paralizado o sometido a revisión adicional solicitudes de inmigración de personas procedentes de 39 países.

Entre las políticas anuladas están la suspensión de adjudicaciones de beneficios migratorios, la pausa global sobre ciertos casos de asilo, la revisión de beneficios previamente aprobados y una directriz que permitía considerar el país de origen como un factor negativo en determinadas decisiones discrecionales.

El juez concluyó que USCIS se había excedido en su autoridad y que las políticas eran contrarias a la ley y arbitrarias bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. En su fallo, el tribunal señaló que muchos inmigrantes habían seguido los procesos legales, pagado tarifas, entregado documentos, asistido a entrevistas y cumplido con los requisitos, pero aun así quedaron esperando durante meses sin una decisión final.

La orden judicial estableció que las políticas impugnadas quedaban anuladas y sin efecto inmediato. Además, el tribunal ordenó al gobierno informar qué medidas había tomado para cumplir con la decisión.

Sin embargo, con la apelación presentada por el gobierno, el futuro de la medida queda nuevamente en manos de una corte superior. Si el Tribunal de Apelaciones concede una suspensión mientras revisa el caso, USCIS podría intentar mantener temporalmente algunos efectos de las políticas impugnadas. Si no se concede una suspensión, la decisión del tribunal federal seguiría vigente mientras avanza el proceso judicial.

El fallo no concede automáticamente residencias, permisos de trabajo, asilos ni ciudadanía. Lo que hace es eliminar la base legal utilizada por USCIS para mantener congelados ciertos expedientes bajo esas políticas. Cada caso tendría que continuar siendo evaluado individualmente conforme a las reglas migratorias aplicables.

La decisión ha generado gran expectativa entre inmigrantes, abogados y organizaciones de defensa, especialmente porque afecta solicitudes de beneficios como permisos de trabajo, ajuste de estatus, naturalización y casos de asilo que habían quedado detenidos por razones vinculadas al país de origen.

Ahora, el caso entra en una nueva etapa judicial. La apelación podría definir si USCIS debe retomar plenamente el procesamiento de los casos afectados o si el gobierno logra mantener la pausa mientras continúa la batalla legal.

Para miles de familias inmigrantes, esta apelación significa que la incertidumbre continúa. El tribunal de primera instancia ya declaró ilegales las políticas de USCIS, pero será ahora el Tribunal de Apelaciones quien decida el próximo paso en uno de los casos migratorios más importantes del momento.