La decisión fue comunicada a través de su filial portuguesa Ilha Bela Gestão e Turismo, que cesará los servicios de gestión, comercialización y uso de marca en los hoteles afectados. La compañía justificó la medida por el deterioro de las condiciones geopolíticas, legales y económicas en Cuba, así como por factores que, según la empresa, afectan la viabilidad y seguridad de sus operaciones.

Aunque Meliá no presentó la salida únicamente como una respuesta directa a Washington, el anuncio se produce en el contexto del ultimátum de la administración Trump para que empresas extranjeras rompan vínculos con activos relacionados con GAESA, el poderoso conglomerado militar que controla buena parte del turismo, las finanzas, los puertos y sectores estratégicos de la economía cubana.

Los hoteles afectados son establecimientos ubicados en La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco, Holguín y otros polos turísticos. Entre ellos figuran el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Las Dunas, Meliá Cayo Santa María, Paradisus Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Río de Oro, Sol Cayo Santa María y Sol Varadero Beach, entre otros.

La empresa aseguró que el impacto económico será limitado, debido a que muchos de esos hoteles ya se encontraban cerrados o sin actividad por la crisis energética, la caída de la demanda turística y el deterioro de las condiciones operativas en el país.

Para Cuba, sin embargo, el golpe es mucho más profundo. La salida parcial de Meliá se suma a decisiones similares de otras cadenas internacionales que han reducido o abandonado operaciones en la isla, dejando cada vez más expuesto el modelo turístico militarizado construido durante décadas por el régimen.

El turismo fue presentado durante años por La Habana como una de las grandes fuentes de ingresos del país. Pero mientras se levantaban hoteles de lujo para extranjeros, millones de cubanos enfrentaban apagones, hospitales destruidos, salarios miserables, falta de alimentos y una economía cada vez más dependiente de divisas controladas por la élite gobernante.

La presión contra GAESA toca precisamente uno de los nervios centrales del sistema cubano: el control militar de la economía. Durante años, el régimen concentró hoteles, tiendas en divisas, remesas, puertos y negocios estratégicos en estructuras vinculadas a la cúpula militar, dejando al ciudadano común fuera de los beneficios reales de esos ingresos.

Ahora, esa misma concentración se convierte en un problema. Las empresas extranjeras que operaban con activos vinculados a GAESA enfrentan riesgos legales, sanciones y presión internacional. El resultado es una salida progresiva de compañías que durante décadas fueron parte esencial del negocio turístico cubano.

La decisión de Meliá también confirma el deterioro del destino Cuba. A la presión política se suman apagones prolongados, falta de combustible, cancelaciones de vuelos, escasez de suministros, deterioro hotelero y una caída notable en la llegada de visitantes internacionales.

El régimen intentará presentar esta salida como otra consecuencia exclusiva de las sanciones estadounidenses. Pero la pregunta de fondo sigue siendo por qué un país entero depende de un modelo económico controlado por militares, sin transparencia, sin competencia real y sin beneficios visibles para la mayoría de los cubanos.

Meliá no abandona todos sus hoteles en Cuba, pero el cierre de operaciones en 15 instalaciones marca un precedente importante. El mensaje para el régimen es claro: el control militar de la economía ya no solo empobrece al pueblo; también espanta a los socios extranjeros.

Para una isla hundida en apagones, falta de divisas y crisis social, la salida de una parte importante de Meliá representa otro golpe a un turismo que alguna vez fue vendido como salvación económica y que hoy aparece atrapado entre sanciones, abandono, baja demanda y el fracaso de un modelo diseñado para beneficiar a la cúpula, no al pueblo.