La decisión fue tomada después de que la administración del presidente Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, conocida como CUPET, bajo la Orden Ejecutiva 14404. Esa medida amplía el alcance de las sanciones estadounidenses contra entidades y personas relacionadas con sectores estratégicos del régimen cubano, incluyendo el energético.

Según el comunicado de la oficina de Fernández, Vanguard Energy había señalado que firmó un contrato con una agencia importadora cubana para arrendar instalaciones de almacenamiento propiedad de CUPET. El proyecto contemplaba el envío de gasolina y diésel hacia la isla por medio de buques cisterna, con el objetivo declarado de abastecer el mercado cubano.

Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que la empresa no contaba con una licencia específica para realizar esa operación y que las sanciones federales contra Cuba continúan vigentes salvo autorización expresa.

Fernández afirmó que Miami-Dade no será utilizado como base de operaciones para actividades que contradigan la ley federal o que terminen favoreciendo a la dictadura cubana. Para el funcionario, cualquier negocio establecido en el condado debe cumplir con las sanciones de Estados Unidos, las leyes estatales y las regulaciones locales.

La medida representa un nuevo golpe al controvertido plan de Vanguard Energy, que pretendía llevar combustible a Cuba utilizando infraestructura estatal de la isla. Aunque el proyecto fue presentado como una vía para abastecer al sector privado cubano, el uso de instalaciones de CUPET generó fuertes críticas por su conexión directa con una empresa controlada por el Estado cubano.

Las sanciones contra CUPET llegan en medio de una profunda crisis energética en Cuba, marcada por apagones, escasez de combustible y el deterioro de los servicios básicos. Washington acusa al régimen cubano de usar los recursos energéticos como herramienta de control social y de beneficiar a sus estructuras de poder, mientras millones de ciudadanos enfrentan las consecuencias de la crisis.

Con esta decisión, Miami-Dade refuerza su postura de no permitir que empresas locales participen en operaciones que puedan beneficiar directa o indirectamente al aparato estatal cubano, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo, el transporte y la distribución de combustible.