El documento, firmado por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, busca reemplazar la antigua Ley General de la Vivienda y establecer un nuevo marco jurídico para la propiedad, conservación, transmisión, uso y asignación de inmuebles en Cuba.

El punto más polémico del proyecto es que una vivienda declarada en estado de ruina como consecuencia del abandono podría terminar bajo disponibilidad del Consejo de la Administración Municipal si su propietario no toma medidas para recuperar su valor de uso. En ese caso, la Dirección Municipal de la Vivienda podría acudir al tribunal competente para solicitar la pérdida del derecho por abandono y la posterior reasignación del inmueble.

En palabras simples: sí, bajo determinados supuestos, el Estado podría iniciar un proceso judicial que termine con la pérdida del derecho sobre una vivienda.

La propuesta obliga a los propietarios y titulares de viviendas a conservar, reparar y mantener sus inmuebles en condiciones adecuadas. También establece que, si una vivienda permanece deshabitada de forma permanente, sin seguridad, protección, limpieza o mantenimiento, y presenta deterioro que afecte el entorno, el propietario deberá tomar medidas para recuperarla, aun cuando no haya sido declarada oficialmente en ruina.

Otro cambio importante afecta a los edificios multifamiliares. El proyecto crea juntas de administración integradas por los titulares de los apartamentos, con facultades para aprobar gastos, ingresos, reparaciones, reglamentos internos y cuotas mensuales obligatorias destinadas al mantenimiento de áreas y servicios comunes.

Los acuerdos adoptados por esas juntas tendrían efectos vinculantes para todos los propietarios, lo que significa que quienes vivan en edificios de apartamentos podrían quedar obligados a pagar cuotas o cumplir decisiones aprobadas por mayoría, incluso si no están de acuerdo.

El proyecto mantiene además el límite de dos viviendas por persona natural, sin contar una vivienda de descanso o veraneo debidamente declarada. En caso de que una persona supere ese límite de forma irregular, la autoridad municipal podría abrir un expediente y disponer la pérdida de la última vivienda adquirida en infracción de la norma.

La propuesta también introduce restricciones para viviendas construidas o adquiridas mediante subsidios estatales. En varios supuestos, si el beneficiario decide vender, donar o permutar dentro de los primeros 15 años, deberá devolver al presupuesto del Estado el monto subsidiado o necesitará autorización de la Dirección Municipal de la Vivienda. El Estado también podría ejercer derechos preferentes de compra en determinados casos.

El proyecto regula además la obligación de los propietarios de mantener limpias y cuidadas las áreas exteriores vinculadas a sus inmuebles, incluyendo zonas frente a la vivienda y laterales entre la acera y el contén. En el caso de edificios, esas responsabilidades recaerían sobre todos sus ocupantes.

La nueva ley llega en un contexto especialmente sensible: miles de viviendas cerradas por la emigración, edificios en peligro de derrumbe, falta de materiales de construcción, salarios insuficientes para reparar inmuebles y ciudades enteras marcadas por el deterioro acumulado.

Para el Gobierno, la propuesta busca ordenar el fondo habitacional, recuperar inmuebles abandonados, mejorar la conservación y garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Pero para muchos cubanos, especialmente quienes viven fuera del país o tienen familiares emigrados, el texto genera temor a un mayor control estatal sobre la propiedad privada.

La gran pregunta es si esta ley servirá para rescatar viviendas destruidas y proteger a familias vulnerables, o si terminará convirtiéndose en una nueva herramienta para intervenir propiedades, presionar a dueños ausentes y ampliar el poder del Estado sobre los hogares de los cubanos.

En un país donde reparar una casa puede ser imposible por falta de dinero, cemento, acero, madera o permisos, castigar el abandono sin resolver las causas del abandono puede convertirse en otra carga para propietarios ya golpeados por la crisis.

El debate apenas comienza, pero el mensaje del proyecto es claro: en Cuba, tener una vivienda ya no solo implica ser propietario; también implica cumplir nuevas obligaciones ante el Estado, las autoridades municipales y, en edificios, ante juntas de administración con decisiones obligatorias.

Mientras el Gobierno habla de ordenamiento, eficiencia y protección habitacional, muchos cubanos se preguntan si el verdadero resultado será más seguridad jurídica o más control sobre lo poco que todavía pertenece a las familias.