La investigación, publicada por el periodista Santiago Pérez, sostiene que la supervivencia del Partido Comunista no depende únicamente de las Fuerzas Armadas o la Policía, sino de un sistema de control social inspirado originalmente en los servicios secretos de la Unión Soviética y de la Alemania Oriental.

Uno de sus componentes fundamentales son los Comités de Defensa de la Revolución. Aunque su influencia habría disminuido respecto a décadas anteriores, todavía funcionan en miles de calles y edificios, recopilando información sobre quién entra en cada vivienda, cómo viven sus residentes, qué actividades realizan y con quién se relacionan.

A este mecanismo comunitario se suma el Ministerio del Interior, cuyos oficiales vestidos de civil emplean agentes encubiertos e informantes para vigilar a opositores, periodistas independientes, artistas y organizaciones ciudadanas. El exagente cubano Enrique García estimó ante el periódico que podrían existir unos 140.000 funcionarios de la Seguridad del Estado y cerca de medio millón de colaboradores, cifras que no han sido verificadas de manera independiente.

El control también llega a las escuelas y universidades. Organizaciones estudiantiles subordinadas al Partido Comunista supervisan la asistencia a actividades políticas, las opiniones de los jóvenes y hasta la música o los materiales considerados contrarios al Gobierno.

En los centros laborales, los sindicatos oficiales y las administraciones estatales pueden convertir el empleo en un instrumento de castigo. Debido a que el Estado continúa siendo el principal empleador del país, una expulsión o sanción laboral puede dejar al ciudadano sin ingresos y cerrar sus oportunidades profesionales.

El informe señala que la vigilancia se extiende igualmente a teatros, cines, conciertos y centros deportivos. Según antiguos agentes y ciudadanos entrevistados, las autoridades despliegan funcionarios para detectar expresiones de rechazo, consignas antigubernamentales o cualquier comportamiento interpretado como una amenaza política.

La llegada del internet móvil en 2018 debilitó el monopolio informativo de los medios oficiales, pero también abrió una nueva área de vigilancia. ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones del país, puede colaborar con los organismos de seguridad, facilitar el monitoreo de llamadas y restringir el acceso a internet durante protestas para dificultar su organización y difusión.

Las redes sociales permiten que los cubanos publiquen videos de apagones, escasez, abusos policiales y manifestaciones, pero quienes difunden esas imágenes pueden enfrentar interrogatorios, multas, detenciones o cortes selectivos del servicio. Organizaciones como Cubalex documentaron 663 casos de arresto domiciliario arbitrario durante los últimos cuatro años contra activistas, reporteros y familiares de presos políticos.

Mientras Cuba atraviesa una profunda crisis económica, con escasez de alimentos, combustible y electricidad, la estructura represiva conserva capacidad para dispersar protestas e identificar posteriormente a sus participantes. El informe concluye que esta vigilancia constante continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por el régimen para impedir que el descontento social se transforme en un movimiento nacional organizado.

#Cuba #VigilanciaEnCuba #SeguridadDelEstado #RepresiónEnCuba #DictaduraCubana #DerechosHumanos #LibertadDeExpresión #TheWallStreetJournal #CubaLibre