Una nueva denuncia ciudadana ha provocado indignación en La Habana, después de que vecinos de Mantilla bloquearan presuntamente el paso de un vehículo perteneciente a la Empresa Eléctrica para exigir una solución a los prolongados apagones registrados en la comunidad.

Los hechos habrían ocurrido en una zona ubicada entre los municipios de Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón, donde residentes del área de Las Lajas aseguraron llevar aproximadamente cinco días sin recibir electricidad. Publicaciones difundidas en redes documentan las quejas de habitantes de Mantilla por interrupciones continuas del servicio.

Según los testimonios divulgados, la tensión aumentó cuando los empleados supuestamente respondieron que retiraban la electricidad porque podían hacerlo y que recibían pagos de 200 dólares para restablecer el servicio en determinados lugares. Esta versión constituye una acusación extremadamente grave, pero no existe hasta el momento una grabación completa o declaración oficial que permita comprobar la cita y sus circunstancias exactas.

Enfurecidos por la respuesta y por los días acumulados sin corriente, los vecinos habrían rodeado el camión e impedido que abandonara el lugar. La presión comunitaria habría obligado a presentarse en la zona al director de la Empresa Eléctrica correspondiente y a varios agentes de la Policía.

Los residentes exigieron explicaciones sobre las causas del apagón, el orden utilizado para reparar las averías y la posibilidad de que algunos sectores estuvieran recibiendo un trato preferencial a cambio de dinero. No se ha informado de detenciones, personas heridas o daños importantes durante la protesta.

La Empresa Eléctrica de La Habana no ha confirmado públicamente las acusaciones de soborno. Su canal informativo sí reportó afectaciones en Arroyo Naranjo por disparos de circuitos y posibles averías, además de un pronóstico nacional de 2.240 megavatios de déficit para el horario de mayor demanda del 16 de julio.

La denuncia se produce en uno de los momentos más críticos del sistema energético cubano. El 14 de julio, el Sistema Electroenergético Nacional sufrió su tercera desconexión total en apenas nueve días, dejando nuevamente a millones de personas sin electricidad.

En numerosos barrios de La Habana, los apagones también interrumpen el bombeo de agua, dañan alimentos, afectan a personas enfermas y obligan a familias enteras a dormir en azoteas o espacios abiertos para escapar del calor.

La acusación de que trabajadores estarían cobrando en dólares para devolver la electricidad debe ser investigada con transparencia. De confirmarse, no se trataría únicamente de una irregularidad administrativa, sino de un posible esquema de corrupción que utilizaría un servicio esencial para extorsionar a ciudadanos desesperados.

La falta de información clara sobre los circuitos, las reparaciones y la distribución de la limitada electricidad alimenta las sospechas de favoritismo. Mientras algunas familias pueden adquirir plantas eléctricas, combustible o sistemas solares, los sectores más pobres dependen completamente de una red estatal cada vez más deteriorada.

Los trabajadores involucrados también tienen derecho a ofrecer su versión y a que ninguna acusación sea presentada como una sentencia antes de concluir una investigación. Sin embargo, la gravedad de los testimonios exige que las autoridades identifiquen a los empleados presentes, revisen sus comunicaciones y expliquen públicamente lo ocurrido.

La reacción de los vecinos demuestra el nivel de agotamiento acumulado en comunidades sometidas a días completos sin electricidad. Cuando las instituciones no responden y la población considera que los servicios se distribuyen mediante privilegios o pagos clandestinos, la indignación puede convertirse rápidamente en protesta.

El pueblo cubano no debe verse obligado a bloquear vehículos oficiales para recibir una explicación. La electricidad no puede convertirse en una mercancía clandestina administrada por funcionarios o empleados que decidan quién permanece a oscuras y quién obtiene el servicio.

Las autoridades deben investigar la denuncia, publicar los resultados y sancionar a cualquier responsable si se demuestra la existencia de cobros ilegales. Mantilla necesita electricidad, transparencia y respeto, no más silencio institucional ante el sufrimiento de sus habitantes.

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