La publicación del IACC, recogida por CiberCuba, reivindica el “control absoluto” del espacio aéreo cubano y cita el Artículo 1 del Convenio de Chicago de 1944, que reconoce la soberanía plena y exclusiva de cada Estado sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio.

El momento de la publicación no es casual. Llega apenas días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra Raúl Castro y otros cinco coacusados del régimen cubano por el derribo de dos aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

El régimen cubano intenta presentar aquel derribo como un acto de legítima defensa. Según CiberCuba, el IACC argumentó que durante los 20 meses previos al incidente se habrían producido 25 incursiones ilegales en el espacio aéreo cubano y que La Habana presentó múltiples quejas diplomáticas ante Washington y la FAA.

Sin embargo, esa narrativa oficial choca con un punto central: la investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que las dos avionetas fueron derribadas aproximadamente a 9 y 10 millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano. Es decir, en aguas internacionales.

El informe de la OACI, citado y analizado por elTOQUE, se basó en datos de radar, grabaciones, testimonios y posiciones de embarcaciones civiles que presenciaron el ataque, incluyendo el crucero Majesty of the Seas y el pesquero Tri-Liner.

Ese detalle es fundamental porque desmonta el argumento de que el ataque ocurrió dentro del territorio cubano. La soberanía aérea existe, pero no autoriza a un Estado a derribar aeronaves civiles desarmadas fuera de su espacio territorial.

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, integrantes de Hermanos al Rescate, una organización del exilio cubano que realizaba labores de búsqueda y apoyo a balseros en el estrecho de la Florida.

La acusación estadounidense incluye cargos de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

El IACC intenta ahora reforzar la postura histórica del régimen: que Cuba actuó ante provocaciones, que Estados Unidos no frenó los vuelos y que el derribo fue una respuesta defensiva. Pero esa defensa institucional evita el punto más grave: la OACI concluyó que las aeronaves fueron abatidas fuera del espacio aéreo cubano.

La nueva publicación forma parte de una campaña más amplia del régimen para cerrar filas alrededor de Raúl Castro. En los últimos días, el gobierno cubano ha organizado actos políticos, declaraciones institucionales y movilizaciones frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La estrategia es clara: convertir una acusación judicial contra dirigentes y militares del régimen en una supuesta agresión contra toda Cuba. Pero Cuba no es Raúl Castro, ni el Partido Comunista, ni una cúpula militar que ha gobernado sin rendir cuentas durante décadas.

El caso Hermanos al Rescate vuelve a perseguir al castrismo porque hay muertos, hay familias esperando justicia y hay un informe internacional que contradice la versión oficial de La Habana.

El régimen puede invocar soberanía, historia y defensa nacional, pero no puede borrar que dos avionetas civiles fueron derribadas y cuatro hombres murieron en un ataque que sigue siendo considerado por muchos como un crimen de Estado.

La publicación del IACC demuestra que La Habana sabe que el caso ha vuelto a ser políticamente peligroso. Por eso intenta recuperar el control del relato, reforzar su narrativa jurídica y presentar a Raúl Castro como símbolo de la patria.

Pero la verdad no se decide con propaganda. Se decide con hechos, documentos y responsabilidades. Y en este caso, los hechos siguen apuntando a una pregunta que el régimen nunca ha querido responder con transparencia: ¿por qué fueron derribadas dos aeronaves civiles fuera del espacio aéreo cubano?

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