El anuncio fue presentado en Miami y marca un nuevo paso en los esfuerzos del exilio y de sectores de la oposición cubana para preparar una hoja de ruta jurídica ante un eventual cambio político en la isla.

Según lo informado, el objetivo de la alianza es reclutar asesores jurídicos de la comunidad legal cubana, tanto dentro como fuera de Cuba, para aportar conocimientos en áreas fundamentales como derecho constitucional, derechos humanos, propiedad, justicia transicional, institucionalidad democrática y reconstrucción del Estado de derecho.

Los ejes del acuerdo se concentran en cuatro puntos principales: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización. La intención es diseñar herramientas legales que puedan aplicarse en un escenario de transición, garantizando orden jurídico, respeto a los derechos ciudadanos y desmontaje de las estructuras represivas del sistema actual.

Jordi Martínez-Cid, presidente de CABA, explicó que la organización lleva años trabajando en temas relacionados con Cuba y que desde hace más de una década se han elaborado propuestas legales junto a grupos del exilio y de la disidencia. La nueva alianza busca actualizar ese trabajo y ponerlo al servicio de una futura Cuba libre.

Por su parte, el Acuerdo de Liberación, impulsado por figuras de la oposición democrática cubana, ha defendido la necesidad de una transición basada en principios claros: liberación de presos políticos, fin de la represión, garantías ciudadanas, restitución de derechos y reconstrucción institucional.

La participación de CABA resulta significativa por tratarse de una organización legal fundada en Miami en 1974 por abogados de origen cubano, con una larga trayectoria en defensa de derechos humanos, asistencia legal, educación jurídica y temas relacionados con la comunidad cubanoamericana.

El anuncio llega en medio de una profunda crisis en Cuba, marcada por apagones, escasez, deterioro de los servicios públicos, represión política, migración masiva y creciente presión internacional sobre el régimen de La Habana.

Para sus promotores, preparar una transición jurídica no significa esperar pasivamente la caída del sistema, sino construir desde ahora los instrumentos legales necesarios para evitar el caos, garantizar justicia y sentar las bases de una república democrática.

El debate sobre la transición en Cuba ha cobrado fuerza en los últimos meses, especialmente ante el evidente agotamiento del modelo político y económico impuesto por el Partido Comunista durante más de seis décadas.

Uno de los mayores desafíos será definir cómo reconstruir instituciones destruidas o controladas por el régimen, cómo garantizar independencia judicial, cómo proteger a las víctimas de la represión y cómo crear un marco legal que permita inversiones, propiedad privada, libertades civiles y participación política real.

La alianza entre CABA y el Acuerdo de Liberación busca precisamente responder a esas preguntas antes de que llegue el momento decisivo. Sus impulsores consideran que Cuba necesita no solo un cambio de gobierno, sino una transformación profunda del sistema legal que ha servido durante décadas para reprimir, confiscar, censurar y controlar a la ciudadanía.

La transición cubana no podrá improvisarse. Necesitará leyes, jueces independientes, garantías constitucionales y justicia para las víctimas. Con esta alianza, abogados cubanoamericanos y opositores buscan preparar el terreno jurídico para una Cuba libre, democrática y reconstruida sobre el respeto a la ley.