El productor, identificado como Andrés Manuel Sosa Ramírez, expresó su indignación en un video difundido en redes sociales, donde cuestiona que las autoridades lo sancionen por intentar alimentar y criar sus animales mientras en su zona existen grandes extensiones de tierra sin producir.

“Cuba, donde la democracia no existe ni los derechos civiles”, expresó el campesino en su denuncia, visiblemente molesto por una multa que considera abusiva e injustificada.

Según el testimonio, la sanción fue impuesta porque el ganado se encontraba pastando en tierras que el Estado considera ociosas. El campesino aseguró además que las autoridades tendrían intención de quitarle los animales, lo que agravaría aún más su situación económica y productiva.

El caso ha provocado indignación entre cubanos dentro y fuera de la isla, especialmente porque ocurre en medio de una profunda crisis alimentaria, escasez de carne, leche y productos básicos, y un discurso oficial que constantemente llama a “producir más”.

La contradicción es evidente: mientras el gobierno reconoce la falta de alimentos y la existencia de tierras improductivas, castiga a productores que intentan criar ganado y aprovechar espacios abandonados para alimentar a sus animales.

En Cuba, la actividad ganadera está sometida a un fuerte control estatal. Los campesinos deben cumplir registros, permisos, inspecciones y normas que limitan su capacidad de decidir libremente sobre los animales que crían. En muchos casos, los productores denuncian que ni siquiera tienen plena propiedad sobre el ganado que compran, alimentan y mantienen con su propio esfuerzo.

Sosa Ramírez ya había denunciado anteriormente otra multa de 60,000 pesos por una supuesta irregularidad relacionada con la edad de sus animales. Ahora, con esta nueva sanción de 200,000 pesos, el caso se convierte en un símbolo del maltrato burocrático que sufren muchos campesinos cubanos.

El productor cuestiona cómo se puede hablar de soberanía alimentaria mientras se persigue a quienes intentan producir. Para muchos campesinos, las multas, decomisos, controles y trabas administrativas son una de las principales razones por las que el campo cubano sigue estancado.

La denuncia también apunta a un problema estructural: el Estado mantiene tierras sin producir, pero impide que los campesinos las utilicen libremente. Al mismo tiempo, exige resultados, impone sanciones y culpa a los productores por una crisis provocada por décadas de centralización, falta de incentivos y exceso de control.

Mientras el pueblo cubano enfrenta precios imposibles, mercados vacíos y una alimentación cada vez más precaria, casos como este muestran cómo el régimen castiga al productor en lugar de apoyarlo.

La multa de 200,000 pesos contra este campesino no solo representa un golpe económico. También refleja el abandono y la injusticia que viven quienes trabajan la tierra en Cuba, atrapados entre la necesidad de producir y un sistema que los persigue cuando intentan hacerlo.

El reclamo del productor resume el cansancio de muchos cubanos del campo: ¿hasta cuándo la injusticia en un país donde producir alimentos parece convertirse en delito?