Esa memoria vuelve al centro del debate nacional cuando se habla de las antiguas FARC, del Acuerdo de Paz y de la presencia política de exmiembros de esa guerrilla en las instituciones del Estado. Para algunos colombianos, la participación política de antiguos combatientes fue el precio necesario para dejar las armas. Para otros, sigue siendo una herida abierta y una forma de impunidad frente al dolor de miles de víctimas.

El proceso de paz firmado en 2016 transformó a la guerrilla más antigua del continente en un actor político legal. También creó un sistema de justicia transicional, encabezado por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objetivo de buscar verdad, reparación y no repetición. Pero casi una década después, el país sigue dividido sobre si ese modelo ha cumplido con las víctimas o si terminó premiando a quienes hicieron daño.

Las preguntas siguen siendo incómodas: ¿puede haber paz sin justicia plena? ¿Puede una democracia aceptar en el Congreso a quienes antes empuñaron armas contra el Estado? ¿Es reconciliación permitir que antiguos guerrilleros participen en política, o es una afrenta para quienes sufrieron secuestros, asesinatos y desplazamientos?

Para miles de víctimas, la discusión no es teórica. Es personal. Son recuerdos de familiares que nunca regresaron, años de cautiverio, amenazas, pueblos tomados por la fuerza y una vida marcada por la violencia. Por eso, cuando algunos sectores piden “pasar la página”, muchas familias responden que Colombia no puede cerrar un libro que todavía no ha leído completo.

El país enfrenta además un desafío generacional. Muchos jóvenes crecieron después de los años más duros del conflicto y conocen esa historia por relatos, documentales o redes sociales. Otros han recibido versiones fragmentadas, politizadas o incompletas. En ese vacío, la memoria puede convertirse en campo de batalla.

Recordar no significa oponerse a la paz. Recordar significa entender el costo humano de la violencia. Significa reconocer a las víctimas antes que a los victimarios. Significa enseñar lo que ocurrió para que ninguna ideología, partido o grupo armado vuelva a justificar el secuestro, el reclutamiento, la extorsión o el asesinato como herramientas políticas.

Colombia necesita paz, pero también necesita memoria. Una paz sin memoria corre el riesgo de volverse olvido. Y un olvido impuesto puede terminar siendo otra forma de injusticia.

La presencia de exmiembros de las FARC en la vida política colombiana seguirá generando debate. Algunos lo verán como una victoria institucional: cambiar fusiles por votos. Otros lo verán como una deuda moral con las víctimas que aún esperan verdad completa, arrepentimiento real y reparación efectiva.

La pregunta de fondo no ha desaparecido: ¿Colombia está construyendo memoria o está aprendiendo a olvidar?

El futuro del país dependerá de su capacidad para responder sin odio, pero también sin ingenuidad. La paz verdadera no se construye borrando el pasado, sino enfrentándolo con verdad, justicia y respeto por quienes pagaron el precio más alto de la guerra.

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