La medida fue anunciada durante una comparecencia en la Mesa Redonda por la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, y el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, quienes explicaron las nuevas adecuaciones para el cierre del curso escolar y el acceso a las universidades.

A partir de ahora, el ingreso a la universidad no dependerá de las tradicionales pruebas de Matemática, Español e Historia de Cuba, sino del promedio o índice académico acumulado por los estudiantes durante su trayectoria en el preuniversitario.

Según las autoridades, el otorgamiento de carreras se realizará mediante la boleta ya completada por los estudiantes, respetando el orden de las opciones solicitadas. En caso de que un alumno no alcance ninguna de sus 10 preferencias, podrá optar por plazas que queden disponibles en un segundo momento.

El gobierno aseguró que todos los aspirantes tendrán una plaza garantizada en la Educación Superior, aunque el escalafón determinará cuál será la carrera o programa finalmente asignado. Es decir, habrá cupo, pero no necesariamente en la especialidad soñada por cada estudiante.

La suspensión representa un giro drástico respecto a lo anunciado apenas meses atrás, cuando el propio sistema educativo había mantenido el calendario de exámenes de ingreso, con fechas previstas para junio después de un aplazamiento inicial.

El régimen intenta presentar la decisión como una medida “sensible” ante las dificultades del país, pero en realidad es otra confesión del colapso nacional. Un sistema que no puede garantizar transporte, electricidad ni conectividad para que los jóvenes hagan exámenes básicos está admitiendo que la crisis ya entró de lleno en las aulas.

Las autoridades reconocieron problemas serios de conexión y transportación para realizar actividades académicas, además de dificultades para sostener la presencialidad en varios niveles de enseñanza.

La Educación Superior también priorizará a los estudiantes de años terminales, con la intención de cerrar la mayor parte del curso durante la primera quincena de julio. Los claustros tendrán margen para evaluar de forma más flexible a alumnos afectados por ausencias, transporte, apagones y problemas personales derivados de la crisis.

El resto del sistema educativo también sufrirá ajustes. Según los reportes, la educación especial concluirá sus actividades este mes de mayo, mientras que escuelas vinculadas al INDER y al Ministerio de Cultura adelantaron sus cierres. Los círculos infantiles quedarán sujetos a variaciones territoriales según la situación energética de cada zona.

La ministra de Educación admitió que miles de estudiantes han tenido dificultades para asistir a clases por la falta de transporte y las condiciones de vida agravadas por los apagones. Incluso habló de niños, familias y maestros caminando largas distancias para poder sostener algo parecido a una rutina escolar.

El discurso oficial insiste en hablar de sacrificio, compromiso y “heroísmo cotidiano”, pero los estudiantes cubanos no deberían necesitar heroísmo para llegar a un aula, estudiar con luz o presentarse a un examen. Eso debería ser normal en cualquier país funcional.

La eliminación de las pruebas de ingreso puede aliviar de forma inmediata a miles de jóvenes, pero también deja una pregunta de fondo: ¿qué calidad educativa puede sostener un país donde las clases se interrumpen por apagones, la conectividad falla, el transporte no aparece y las familias viven concentradas en sobrevivir?

El régimen cubano ha vendido durante décadas la educación como una de sus grandes vitrinas. Sin embargo, esta decisión muestra una realidad muy distinta: escuelas y universidades sometidas a la misma crisis que golpea hospitales, transporte, viviendas, comercios y servicios básicos.

Cuba no está reajustando su calendario escolar por eficiencia. Lo está haciendo porque el país no tiene combustible, no tiene estabilidad eléctrica y no tiene condiciones materiales para sostener el curso como estaba previsto.

La suspensión de los exámenes de ingreso no es solo una medida educativa. Es un síntoma político y social. Es la prueba de que el colapso del sistema ya no se queda en la libreta de abastecimiento ni en los apagones nocturnos: ahora también decide el futuro académico de una generación.

Mientras la cúpula del poder culpa a factores externos, los jóvenes cubanos ven cómo su formación queda marcada por interrupciones, improvisaciones y decisiones de emergencia. El costo del fracaso nacional lo están pagando también los estudiantes.

Cuba necesita mucho más que ajustes de calendario. Necesita electricidad, transporte, internet funcional, escuelas abastecidas, profesores motivados, libertad académica y un país donde estudiar no dependa de si hay corriente o si pasa una guagua.

La cancelación de las pruebas de ingreso deja una imagen dura: el régimen que prometió formar al “hombre nuevo” ya ni siquiera puede garantizar condiciones normales para que sus jóvenes lleguen a la universidad.

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