La medida fue presentada durante el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba como parte de una llamada política de “protección social focalizada”, dentro de un paquete de reformas económicas y sociales que el régimen intenta impulsar en medio de la peor crisis que atraviesa la isla en décadas.

“La canasta básica será garantizada a jubilados, a familias con niños enfermos crónicos, a vulnerables”, declaró Díaz-Canel, en una frase que confirma el giro del gobierno hacia el abandono gradual de los subsidios generalizados.

El anuncio marca un golpe histórico al sistema de racionamiento instaurado en Cuba desde los años sesenta. Durante décadas, la libreta de abastecimiento fue presentada por la propaganda oficial como una garantía mínima para todos los ciudadanos. Ahora, el propio régimen admite que ya no puede sostener ese modelo ni siquiera en su forma más limitada.

Díaz-Canel intentó justificar la decisión asegurando que la justicia social no puede mantenerse sobre precios artificiales, porque estos generan escasez, colas, bajos salarios y mercados ilegales. Sin embargo, para millones de cubanos, el mensaje es claro: el Estado está recortando uno de los últimos mecanismos de distribución subsidiada en un país donde los salarios y pensiones no alcanzan para comprar alimentos en el mercado real.

La medida golpea especialmente a trabajadores, familias sin remesas y hogares que no sean clasificados oficialmente como vulnerables, pero que viven igualmente en condiciones de pobreza, con apagones, inflación, escasez y precios imposibles.

El régimen presentó el cambio como parte de un paquete de más de 20 reformas económicas y sociales. Entre ellas figuran el fin de los topes generales de precios, mayor autonomía para empresas estatales y municipios, apertura a inversión extranjera directa en el sector privado, posibilidad de inversión para cubanos residentes en el exterior y una reducción del número de ministerios.

También se habló de eliminar trabas internas que durante años han frenado la producción. Díaz-Canel reconoció la existencia de burocracia, lentitud, normas absurdas y decisiones aplazadas que han impedido producir más. Pero ese reconocimiento llega tarde, después de décadas en las que el propio sistema castigó al productor, limitó la iniciativa privada y mantuvo centralizada la economía nacional.

La Asamblea Nacional fue convocada de forma extraordinaria para evaluar y ratificar estas medidas, en una agenda económica y social de emergencia que el régimen intenta vender como renovación. Sin embargo, muchos cubanos ven el paquete con escepticismo, recordando que reformas anteriores fueron anunciadas con grandes promesas y terminaron en fracaso, más control estatal o más pobreza.

El recorte de la canasta básica confirma el deterioro profundo de la economía cubana. El gobierno ya no puede garantizar alimentos suficientes, no logra estabilizar los precios, no controla la inflación y tampoco ofrece salarios con poder real de compra.

Para los jubilados, la promesa de mantener la canasta tampoco representa una solución real. Las pensiones siguen siendo extremadamente bajas, los productos llegan tarde o incompletos, y muchas personas mayores dependen de familiares, vecinos o remesas para sobrevivir.

La gran pregunta ahora es qué pasará con millones de cubanos que no entren en la categoría oficial de vulnerables, pero que tampoco tienen ingresos suficientes para comprar comida a precios de mercado.

El régimen habla de protección focalizada, pero la realidad es que la libreta se achica, la comida no alcanza y la crisis sigue cayendo sobre los mismos de siempre: el pueblo cubano.

Con este anuncio, Díaz-Canel confirma lo que muchos ciudadanos ya viven desde hace años: la canasta básica, símbolo del control estatal sobre la alimentación, está desapareciendo. Y su desaparición no llega acompañada de prosperidad, sino de más incertidumbre, más desigualdad y más hambre.