La acusación, revelada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, imputa a Raúl Castro y a otros cinco coacusados del régimen cubano por el ataque contra dos aeronaves civiles desarmadas operadas por Brothers to the Rescue, conocida en español como Hermanos al Rescate, sobre aguas internacionales.

Los cargos incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos de destrucción de aeronaves, según informó oficialmente el Departamento de Justicia.

El caso revive una de las heridas más profundas del exilio cubano en Miami. Aquel 24 de febrero de 1996, cuatro hombres murieron cuando aviones de combate cubanos derribaron dos avionetas civiles Cessna que, según Hermanos al Rescate, realizaban misiones humanitarias vinculadas a la búsqueda de balseros en el estrecho de la Florida.

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. El Departamento de Justicia sostuvo que los aviones fueron destruidos sin advertencia mientras volaban fuera del territorio cubano, causando la muerte de los cuatro ocupantes.

La acusación señala que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, estaba al frente de la cadena de mando militar bajo la cual operaron los cazas que dispararon misiles aire-aire contra las aeronaves civiles.

El Departamento de Justicia también incluyó en la acusación a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, vinculándolos con el operativo militar de 1996.

Según la acusación, agentes de inteligencia cubanos habían infiltrado a Hermanos al Rescate desde comienzos de los años noventa y transmitían información detallada sobre sus operaciones de vuelo al gobierno cubano. Esa información habría sido utilizada por mandos militares para planificar la acción del 24 de febrero.

El documento sostiene además que, en las semanas previas al ataque, pilotos militares cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento para localizar e interceptar aeronaves civiles de movimiento lento. El día del derribo, tres avionetas salieron del aeropuerto de Opa-locka, en Florida, rumbo al sur del paralelo 24; dos de ellas, identificadas con las matrículas N2456S y N5485S, fueron alcanzadas en espacio aéreo internacional.

Reuters reportó que la acusación representa una fuerte escalada en la campaña de presión de Washington contra el régimen cubano y marca un nuevo punto crítico en las relaciones entre ambos países.

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que Estados Unidos está comprometido con responsabilizar a quienes participaron en la muerte de los cuatro estadounidenses y señaló que, por primera vez en casi 70 años, altos mandos del régimen cubano son acusados en Estados Unidos por presuntos actos de violencia que terminaron con la muerte de ciudadanos estadounidenses.

El FBI también presentó la acusación como un paso hacia la rendición de cuentas, destacando que las familias de las víctimas esperaron casi tres décadas por una acción de este nivel.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar pena máxima de muerte o cadena perpetua por los cargos de asesinato y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses. En el caso de los cargos por destrucción de aeronaves, Raúl Castro y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo, según el comunicado oficial.

El régimen cubano ha defendido históricamente el derribo alegando violaciones de su espacio aéreo. Sin embargo, Reuters recordó que la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque ocurrió sobre aguas internacionales.

Miguel Díaz-Canel respondió calificando la acusación como una maniobra política sin base legal y sugirió que Washington busca justificar una posible acción militar contra Cuba. Reuters reportó que el gobernante cubano defendió la actuación del régimen como una supuesta defensa del territorio nacional.

Pero para las familias de las víctimas y para buena parte del exilio cubano, el caso no se trata de política, sino de justicia. Durante décadas, el derribo de Hermanos al Rescate fue visto como un crimen impune cometido por una dictadura que actuó con brutalidad contra aeronaves civiles desarmadas.

La acusación contra Raúl Castro tiene además un peso histórico enorme. No se trata de un funcionario menor: es uno de los hombres centrales del castrismo, exministro de Defensa, expresidente y pieza clave del aparato militar que ha controlado Cuba durante más de seis décadas.

El mensaje de Washington es claro: el paso del tiempo no borra la responsabilidad penal ni convierte la impunidad en absolución. El Departamento de Justicia insiste en que la acusación es apenas una alegación y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

Aun así, el golpe político para La Habana es devastador. Raúl Castro, símbolo del poder militar cubano, queda ahora formalmente señalado por la justicia estadounidense en un caso que toca directamente la memoria de cuatro cubanoestadounidenses muertos y la historia del exilio en Miami.

El régimen puede intentar esconderse detrás de consignas y acusaciones contra Estados Unidos, pero el expediente de Hermanos al Rescate vuelve a colocar sobre la mesa una verdad incómoda: las víctimas tienen nombre, las familias siguen esperando justicia y los crímenes del poder no desaparecen con los años.

Cuba necesita libertad, verdad y responsabilidad. Y esta acusación contra Raúl Castro abre un capítulo judicial que puede marcar un antes y un después en la larga historia de impunidad del castrismo.