Según Associated Press, el acuerdo permitiría a Gillon Capital adquirir una participación mayoritaria de hasta el 55% en Sherritt, mediante un warrant para comprar acciones de la compañía. La operación todavía no es definitiva y requiere acuerdos finales y aprobaciones regulatorias, pero su sola existencia marca un giro político y económico de enorme impacto.

Gillon Capital está vinculada a la familia Washburne. Ray Washburne fue nombrado por Trump al frente de la Overseas Private Investment Corporation entre 2017 y 2019, formó parte de la junta asesora presidencial de inteligencia y fue una figura de recaudación republicana cercana al trumpismo.

La noticia llega en medio de la ofensiva de Washington contra los negocios del régimen cubano. Reuters reportó que Estados Unidos sancionó a GAESA, el conglomerado militar que controla sectores clave de la economía cubana, y también a Moa Nickel S.A., la empresa conjunta entre Sherritt y la estatal cubana vinculada al níquel y al cobalto.

Sherritt había suspendido su participación directa en sus operaciones conjuntas en Cuba tras la ampliación de sanciones firmada por la administración Trump el 1 de mayo. La empresa reconoció que, aunque no había sido formalmente designada bajo esa orden ejecutiva, el nuevo escenario legal alteraba de forma material su capacidad de operar con normalidad en sus negocios cubanos.

La compañía también inició la repatriación de empleados expatriados desde Cuba y pidió a sus socios que repatriaran personal desde Canadá. En la práctica, el golpe de las sanciones dejó a Sherritt atrapada entre su exposición histórica al régimen cubano y el riesgo de quedar aislada del sistema financiero internacional.

El caso se volvió todavía más crítico cuando Deloitte renunció como auditor externo de Sherritt, mientras la compañía reconocía que no podría presentar a tiempo sus estados financieros del primer trimestre de 2026. Sherritt atribuyó esas dificultades a renuncias internas, disrupciones operativas y de gobernanza, y al impacto de la orden ejecutiva estadounidense sobre Cuba.

La operación con Gillon aparece entonces como una posible salida de emergencia. Sherritt afirmó que sostuvo contactos “constructivos” con el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro no objetan las conversaciones con Gillon Capital, aunque cualquier acuerdo final necesitaría aprobación.

El trasfondo es explosivo para La Habana. Sherritt no es una empresa cualquiera: su sociedad en Moa participa en la extracción y procesamiento de níquel y cobalto, minerales estratégicos para la economía cubana y para la transición energética global. Reuters señaló que las sanciones contra Moa Nickel golpean una de las fuentes clave de divisas del régimen.

Además, Sherritt tiene una participación de un tercio en Energas S.A., considerada por la propia empresa como el mayor productor independiente de electricidad en Cuba. Energas cuenta con una capacidad instalada de 506 MW, alrededor del 10% de la capacidad nacional de generación eléctrica de la isla.

Esa conexión convierte la negociación en algo mucho más grande que una simple operación corporativa. Si una firma ligada al entorno político de Trump termina tomando el control mayoritario de Sherritt, una parte sensible del negocio de níquel, cobalto y energía asociado a Cuba quedaría bajo influencia de inversionistas muy cercanos al nuevo clima político de Washington.

Para el régimen cubano, el golpe es doble. Por un lado, pierde margen frente a sanciones que ya paralizaron parte de su relación con Sherritt. Por otro, podría ver cómo uno de sus socios históricos queda reconfigurado bajo una estructura empresarial alineada con el entorno político que hoy más presión ejerce contra La Habana.

Durante años, el castrismo usó empresas mixtas y socios extranjeros para sostener negocios estratégicos sin abrir realmente la economía al pueblo cubano. Ahora, esas mismas alianzas se convierten en puntos vulnerables ante sanciones, controles financieros y cambios de propiedad fuera de su alcance.

La contradicción es brutal: mientras el pueblo cubano sufre apagones, hambre, transporte colapsado y hospitales sin recursos, las verdaderas batallas económicas del régimen se libran alrededor de minas, divisas, energía, auditorías, bancos y estructuras empresariales internacionales.

Washington parece haber entendido que el poder real en Cuba no está solo en los discursos del Partido Comunista, sino en las empresas que alimentan al aparato militar, al sector energético y a las fuentes de divisas de la élite. Por eso el golpe a GAESA, Moa Nickel y el entramado alrededor de Sherritt tiene un peso estratégico.

El régimen cubano puede denunciar “agresión económica”, pero lo que esta operación revela es la fragilidad de un modelo que depende de socios extranjeros, de estructuras opacas y de negocios controlados por la cúpula mientras el ciudadano común no puede decidir ni producir libremente.

Si la operación avanza, Sherritt pasaría de ser un socio canadiense histórico del régimen a una empresa bajo control mayoritario de un grupo vinculado al entorno de Trump. Para La Habana, sería una ironía amarga: uno de sus negocios estratégicos podría quedar bajo influencia de quienes hoy encabezan la presión más dura contra el castrismo.

Cuba no necesita más empresas controladas desde arriba ni más recursos estratégicos usados para sostener a una élite. Necesita transparencia, libertad económica, propiedad real para sus ciudadanos y un modelo donde el níquel, la energía y la riqueza del país sirvan al pueblo, no a una dictadura atrincherada en el poder.